Parece que por fin comienza el juicio de la operación Kitchen, uno de los episodios más turbios habidos en la democracia española reciente. Un Gobierno del Partido Popular puso al Estado (ministerio del Interior, Policía y fondos reservados) al servicio exclusivo de salvar su propio pellejo. Se espió y se intentó robar documentación hasta con falsos curas de por medio para que a su extesorero, un siniestro personaje llamado Luis Bárcenas, le resultara imposible difundir todo lo que sabía sobre la caja B del partido en el caso de que llegara a proponérselo. Se llegaron incluso a destruir discos duros a martillazos.
Como han pasado nada menos que trece años del comienzo de esta historia, un pequeño ejercicio de memoria igual no viene mal del todo. En 2013 el PP, primera legislatura de M. Rajoy, ya llevaba seis años investigándose el caso Gürtel, una red de corrupción política de su partido que cada día que pasaba olía peor. La libreta donde el tesorero había ido apuntando los ingresos en negro que el PP recibía, donaciones de constructoras sobre todo, era auténtico oro molido. En ella constaban cuidadosamente anotados nombres, cantidades, quién donaba, quién cobraba, en definitiva cómo se repartía ese dinero entre los altos cargos del partido. Aquello acabó con su propietario en prisión y a los populares les entró el tembleque. Había que hacer algo.
Ese algo es lo que hoy se conoce como caso Kitchen, una maniobra que, con la mayor celeridad y sin el menor de los escrúpulos, se puso en marcha desde el ministerio del Interior, cuyo titular por aquel entonces era el opusdeísta Jorge Fernández Díaz. Una operación parapolicial pagada con fondos reservados, es decir, dinero público para espiar al tesorero, a su mujer y a su familia, reclutar a su chófer, Sergio Ríos, como confidente y quitarle a Bárcenas agendas, ordenadores, documentos y todas aquellas grabaciones que pudieran incriminar a la cúpula del PP. El objetivo era que las pruebas que tenía Bárcenas nunca llegaran a Pablo Ruz, el juez que por entonces se encargaba del caso Gürtel.
Como el lector puede imaginarse, los implicados han hecho durante años todo lo posible para no tener que pagar judicialmente por esta tropelía. Parece que no lo consiguieron del todo, aunque en el banquillo del juicio que por fin parece que va poder celebrarse no están todos los que tendrían que estar. Según la instrucción, se sentarán once personas, entre ellas el exministro Jorge Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad. La Fiscalía Anticorrupción pide para cada uno 15 años de cárcel por malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento. Junto a ellos será juzgada la brigada política del PP, comisarios como Eugenio Pino, director adjunto operativo; José Manuel Villarejo, el perejil de todas las salsas cloaqueras, Andrés Gómez Gordo y otros mandos acusados de llevar a cabo el trabajo sucio, es decir los seguimientos, los robos, pagos en negro y la destrucción de material comprometedor. Estos son los que cocinaron la operación, pero ¿alguien puede creerse que todo esto se realizara sin el conocimiento de “instancias superiores”?
Está previsto que M. Rajoy y María Dolores de Cospedal declaren como testigos el 23 de abril, pero no como acusados. Manuel García-Castellón, el ínclito juez al que le tocó instruir parte de la causa, ya se encargó en su día de archivar posibles responsabilidades de ambos pese a la enorme cantidad de indicios acumulados que situaban a Rajoy y a otros miembros de su entorno como conocedores directos de la operación. La Sala de lo Penal avaló el archivo. En resumen, que Fernández Díaz, según la tesis judicial que ahora se juzga, actuó en solitario. Como si un ministro del Interior pudiera montar semejante operativo sin que el presidente del Gobierno y la secretaria general del PP estuvieran al tanto de lo que se cocía en el partido que dirigían.
La ya célebre caja B era una manera de funcionar que venía de lejos en el Partido Popular, y no solo en el Partido Popular. Desde tiempos inmemoriales las empresas pagaban en negro a cambio de contratos públicos y ese dinero servía para financiar campañas electorales y alimentar sobresueldos a los dirigentes del partido. En este caso Bárcenas tenía pruebas y si cantaba, gran ruina para el aparato pepero. Por eso usaron el Estado como si fuera una agencia de detectives privada al servicio del PP. Me voy a permitir repetirlo: fondos públicos para tapar una corrupción sistémica del partido, con la Policía del Estado puesta al servicio de un interés particular.
Veintiocho años después del juicio al socialista José Barrionuevo por los GAL, otro ministro del Interior, ahora del PP, se sienta en el banquillo. Pero la cadena de mando se corta convenientemente antes de llegar a Moncloa o a la sede de Génova o Ferraz. La “X” siempre queda al margen. Igual que las y griegas o las zetas. Es como si la democracia española dispusiera de un mecanismo automático de protección para los de arriba donde, aunque sea tarde, se juzga a los ejecutores pero quienes se encontraban por encima de ellos en la cadena de mando acaban yéndose siempre de rositas.
Este juicio evidencia una vez más cómo se pudre una democracia cuando el partido que gobierna confunde las responsabilidades en las instituciones con su propio interés. Y no solo las confunde, sino que lo hace además contando con la anuencia de un sistema judicial que suele mirar para otro lado con la impunidad que proporciona saber que nadie les pedirá cuentas. Con el caso Kitchen, el PP usó el Estado para espiar y robar a su propio tesorero con tal de salvarse. Y la Audiencia Nacional, al no sentar en el banquillo a Rajoy y Cospedal, ha dejado la operación a medias. Cocinada, pero sin los verdaderos chefs.
Publicado en: Público
