El pulso de Ryanair contra el Gobierno continúa, ahora trasladándose el conflicto hasta instancias europeas. Este martes se producirá la esperada reunión entre el ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, y el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, tras meses sin respuesta a las solicitudes de encuentro enviadas por el Gobierno desde enero. La reunión, que será por videollamada, se produce pocos días después de que Tzitzikostas recibiera al consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, tras el anuncio de la aerolínea de recortar plazas en varios aeropuertos españoles.

Pero la tensión entre el Ejecutivo español y la compañía ya viene de atrás. Se enmarca en la batalla abierta entre el Gobierno y varias aerolíneas low cost, sancionadas con 179 millones de euros por el cobro de maletas de mano y otros suplementos que Consumo considera prácticas abusivas, siendo Ryanair la compañía más castigada con una multa de 107 millones. La sanción fue denunciada ante la Comisión Europea por organizaciones del sector como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Airlines for Europe (A4E) y la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) por un posible incumplimiento de la normativa europea relacionado con la libre fijación de precios. En respuesta, Bruselas abrió una investigación preliminar bajo la fórmula de un “diálogo estructurado” con España.

En este contexto, Bustinduy considera «gravísimo» que el comisario europeo se haya reunido antes con Ryanair que con el Gobierno español, «no porque le reciba, que puede entrar dentro de la normalidad aunque recibirle en medio de una campaña de ataques al Gobierno de España es de dudosa oportunidad», sino porque O’Leary ya anunció este verano que iba a acudir a la Comisión Europea para que anulara las multas que Consumo le impuso. Por eso, el ministro español ha querido transmitirle al comisario que «sería difícil de entender» que la Comisión Europea «se pusiera del lado de los intereses económicos de una multinacional y no de los derechos de los consumidores europeos».

Así lo explicó Bustinduy, en una entrevista en TVE este lunes, en la que denunció que el «modus operandi», la «estrategia y el estilo, marca de la casa» de la compañía «es bien conocida» y que, entre otras cuestiones, «utiliza a las ciudades y a las regiones como piezas dentro de esa estrategia de presión y de chantaje» y «también lo hace para percibir ayudas públicas y subvenciones», algo de lo que, criticó, «nunca habla». Como ha contado Público hace unas semanas, Ryanair ha recibido millones de las arcas públicas para mantener rutas a través de patrocinios turísticos con distintas administraciones.

En paralelo, la Organización Europea de Consumidores (BEUC) recuerda, en declaraciones a Público, que la reducción de plazas anunciada por la aerolínea responde a una estrategia de presión por las tasas de Aena. Explican que la Comisión Europea «no puede obligar a Ryanair a mantener un número concreto de asientos», aunque sí tiene la capacidad de mediar entre las partes y reforzar los derechos de los pasajeros. En cambio, sobre las sanciones vinculadas al cobro de maletas insisten en que Bruselas «sí puede y debe posicionarse», ya que «cada día que pasa aumenta el número de consumidores afectados por estas restricciones».

Fuentes del Ministerio de Consumo confirman a este periódico que la reunión de este martes servirá para «transmitir al comisario la posición del Gobierno respecto a las prácticas abusivas» por las cuales sancionan «a Ryanair y otras aerolíneas low cost en España». Lamentan, sin embargo, «que haya tenido que pasar tanto tiempo para que este encuentro se lleve a cabo» y que solo les hayan dado respuesta «tras una queja pública y después de haber recibido al CEO de Ryanair, cuyos ataques al Gobierno de España y, en particular, al ministro, han sido constantes».

Posibles nuevos recortes de plazas

La reunión entre O’Leary y Tzitzikostas ha coincidido con la nueva amenaza de la aerolínea irlandesa: reducir otro millón de asientos en vuelos a España, ahora de cara el próximo verano, si Aena mantiene el alza de las tasas aeroportuarias, que este año crecerán un 6,5%. Según O’Leary, esa decisión se sumaría a los 800.000 asientos ya recortados para este verano y al millón de plazas anuladas en la temporada de invierno. «Si los precios en la España regional son demasiado altos, vuelo a otro lugar», aseguraba el CEO de Ryanair, quien reclama al Gobierno, que es propietario del 51% de las acciones de Aena, que congele sus tasas. 

La compañía asegura que mantiene su compromiso de crecer en las regiones españolas, pero se ve bloqueado por las tarifas «excesivas» de Aena y su negativa a colaborar con las aerolíneas en apoyar a los aeropuertos secundarios con capacidad disponible.

Ryanair acusa a Aena de operar en régimen de monopolio y reclama una rebaja de tarifas en los aeropuertos regionales para hacerlos «más competitivos«. El presidente de Aena, Maurici Lucena, replicó que la aerolínea «distorsiona las cifras» y que su verdadera intención es maximizar beneficios a costa del erario público.

Las organizaciones de defensa de los usuarios también han elevado el tono. Desde FACUA aseguran que Ryanair «sigue con su chantaje» y advierten de que «si no quieren respetar las reglas que hay en España, lo que deberían hacer es irse a su país y dejar de intentar doblegar al Gobierno y a las administraciones». La asociación recuerda que la aerolínea «se caracteriza por ser líder en fraude, la empresa con más denuncias de los consumidores y la que ha recibido la multa más alta por fraude masivo del Ministerio de Consumo». Añaden que no es «un ejemplo de seriedad y honestidad» como para que preocupe a los usuarios que abandonara el país, algo que además no creen que ocurra porque «España es un nicho de negocio enorme para ella». Por tanto, la respuesta a su estrategia, subrayan, «debe ser no ceder a los chantajes, porque si se va de determinados aeropuertos o trayectos habrá otras compañías que la sustituyan, como ya está empezando a ocurrir».

Desde el Gobierno, se mantienen tajantes en que la subida de 0,68 euros por pasajero es mínima comparada con el incremento del 21% en los precios de los billetes de Ryanair en el último año, ejercicio en el que la compañía ha declarado 820 millones de beneficios solo en el primer trimestre. «Su interés para bajar las tasas es ganar aún más dinero», sostienen fuentes gubernamentales.

Asimismo, celebran que «el comisario, por fin, vaya a recibirnos» y esperan que también atienda a las asociaciones de consumidores de diferentes países europeos que han solicitado un encuentro para mostrar su rechazo a las prácticas de las aerolíneas de bajo coste y para defender los derechos de los pasajeros. Además, han recordado que el Parlamento Europeo ya votó en contra de legalizar el cobro por el equipaje de mano y que la presión de las aerolíneas no puede pesar más que las exigencias ciudadanas.

Publicado en: Público