El Hospital Universitario Fundación de Alcorcón pagó casi tres millones de euros de forma indebida a su plantilla en 2023, unas retribuciones por las que debió ingresar otro millón de euros en cotizaciones a la Seguridad Social. Lo descubrió la Intervención General de la Comunidad de Madrid tras someter al hospital a una auditoría de cumplimiento normativo ese año. El informe que elaboró –y que no está en su página web– aparece mencionado en otro que publicó el pasado diciembre la Cámara de Cuentas madrileña, cuando examina los gastos de personal del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
La Cámara de Cuentas se limita a enumerar en un párrafo la lista de las «importantes deficiencias» encontradas por la Intervención. Así, constata que el Hospital de Alcorcón abonó al personal «pagas adicionales superiores a las establecidas en la normativa presupuestaria» y permitió que se cobraran de forma simultánea «complementos incompatibles». También pagó horas extraordinarias y guardias «sin la debida autorización». Además, el complemento de responsabilidad, que perciben quienes asumen funciones de «mando, confianza, supervisión o coordinación», según el convenio colectivo del centro, fue «usado irregularmente», aunque el informe no precisa cómo. Por ese concepto, un jefe de área recibe hasta 9.524 euros anuales, mientras que un jefe de proyecto se queda en 1.468 euros, de acuerdo con las tablas salariales de este año.
La Intervención también descubrió que la productividad por objetivos, que cobran todos los trabajadores dependiendo de la categoría profesional, había perdido su «carácter incentivador», porque la percibe «en su importe máximo» la práctica totalidad de la plantilla. Un jefe de área puede ingresar hasta 23.720 euros al año por este concepto; un celador, 1.981 euros.
La auditoría encontró igualmente «insuficiencias» en la justificación de los cursos de formación que reciben o imparten los trabajadores. Aún más, la Intervención desvela incluso que el hospital tenía más personal que plantilla autorizada. Además, ni siquiera se llevaba correctamente el control horario y de presencia de los trabajadores.
En total, estas irregularidades suman 2,91 millones de euros de pagos indebidos en 2023 y 914.000 euros en cotizaciones abonadas a la Seguridad Social, asegura la Cámara de Cuentas.
Nuevo modelo de gestión, concierto de 217 millones
El Hospital Universitario Fundación de Alcorcón fue creado en 1997 y fue –con el de Manacor (Mallorca)– uno de los primeros experimentos del Gobierno de José María Aznar para implantar nuevos modelos de gestión en la sanidad pública. En 2001 fue traspasado a la Comunidad de Madrid. Desde entonces, funciona con un convenio singular por el que el Sermas le paga una cantidad anual a cambio de prestar asistencia sanitaria a la zona sur de Madrid. En 2026, tal y como aprobó el consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 19 de diciembre, le abonará 217,54 millones de euros. En 2024, le pagó 227,85 millones, según figura en las cuentas de ese año del hospital. Lo que no impidió que cerrara ese ejercicio con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros, un 31% más que el año anterior. Y casi el triple que en 2022. Por ese motivo, lleva años sufriendo tensiones de tesorería, tal y como reconoce el hospital en las cuentas.
El Ejecutivo madrileño también aprobó a finales del año pasado la transformación en fundación pública sanitaria de lo que hasta ahora era una fundación del sector público empresarial. «Saldremos por fin de esa isla de fórmulas de gestión que se inventó el PP», resume el portavoz de CCOO en el comité de empresa del hospital, José Antonio Crespo. Pero aún se desconoce cómo va a llevarse a cabo esa transición. «Primero la hará el Hospital de Fuenlabrada, luego iremos nosotros», apunta la portavoz de UGT.
El hospital tiene una plantilla de 2.548 trabajadores, que atienden 400 camas. A diferencia del resto de los centros sanitarios del Sermas, se rige por sus propios estatutos y tiene su propio convenio colectivo. Como todas las fundaciones, cuenta con un patronato, donde se sientan la consejera y viceconsejera de Sanidad, así como cuatro directores generales del Sermas, una asesora de la Consejería de Economia, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón y un coordinador docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2011, su gerente es Modoaldo Garrido Martín.
Flexibilidad y discrecionalidad
Es precisamente a la discrecionalidad de Modoaldo Garrido a la que CCOO culpa de los pagos irregulares descubiertos por la Intervención. «Desconocemos los sistemas retributivos que no están incluidos en el convenio y con los que el gerente puede hacer y deshacer; las peonadas [pagos por atender a pacientes en horario de tarde para reducir las listas de espera], por ejemplo, no sabemos en qué concepto se incluyen», explica José Antonio Crespo. También ignoran, añade, las cantidades que los trabajadores cobran por la formación que imparten fuera del hospital, en virtud de convenios con empresas y laboratorios. Lo mismo ocurre con las contrataciones, que la gerencia decide con total autonomía: «La forma de gestión del hospital le permite mucha flexibilidad, y bastante discrecionalidad», apunta el portavoz de CCOO. No obstante, asegura que, en diciembre de 2024, y como consecuencia del informe de la Intervención, se obligó al hospital a someter cada nuevo contrato a la autorización previa de la Consejería de Sanidad.
Fuentes al tanto de la situación laboral en Alcorcón recuerdan a Público que la alarma sobre la falta de control horario y de presencia saltó a raíz de la denuncia de un trabajador a la Inspección de Trabajo. Este organismo exigió al hospital que regularizara el registro de jornada para evitar una sanción o abriera la negociación del convenio, que acumulaba prórrogas, para introducir una moratoria. Esa negociación se suspendió en mayo de 2025 por orden de Sanidad cuando se apostó por la fundación pública sanitaria.
«Nuestros profesionales reciben el salario que les corresponde por el servicio que prestan», responde un portavoz del hospital a preguntas de Público. La gerencia asegura que los pagos a la plantilla «se ajustan al marco del convenio colectivo del hospital y cumplen la normativa». También aduce que, en su momento, hizo las alegaciones correspondientes al informe de la Intervención, aunque no aclara cuáles fueron.
El hospital reduce a dos los casos de percepción de complementos incompatibles, «que se han subsanado». Y, en un reconocimiento implícito de las deficiencias descubiertas por la Intervención, dice que está «trabajando en la mejora de la medición de objetivos, mediante el establecimiento de una norma anual para el abono de los incentivos, conforme a lo establecido en el convenio colectivo». También está mejorando el control de presencias. Sobre el resto de las irregularidades, promete hacer «las modificaciones de forma o procedimiento que deba, si procede». Pero no aclara si los trabajadores han tenido que devolver las cantidades cobradas indebidamente.
Cambio legal, mayor control en la gestión
Crespo lamenta la escasa disposición negociadora del gerente, quien «no da opción al debate, sencillamente decide y deja que los conflictos terminen en los juzgados, cuando no debería ser así». Es lo que ocurrió con las seis demandas que CCOO interpuso en 2021 por acoso laboral, despidos, irregularidades en los procesos de selección de personal y una sanción. El portavoz sindical asegura que CCOO las ganó casi todas.
Tanto CCOO como el resto de los sindicatos representados en el comité de empresa (UGT, CSIT, Satse y Amyts SAE-Sietesscam) indican, a preguntas de Público, que convocarán una reunión del órgano para pedir explicaciones a la gerencia sobre el informe de la Intervención y el cúmulo de irregularidades descubiertas en la auditoría de cumplimiento.
«Esperamos que la conversión en fundación pública sanitaria se traduzca en un mayor control de Sanidad sobre la gestión del hospital«, apunta José Antonio Crespo. La ley da un plazo de seis meses para cambiar los estatutos de la fundación. Además, los sindicatos quieren negociar las condiciones en que se transferirán los trabajadores del hospital. Ahora son personal laboral y podrán, de forma voluntaria, convertirse en personal estatutario, como el resto de las plantillas del Sermas. No obstante, precisa el portavoz de CCOO, quieren conservar algunas de las condiciones y derechos de su actual convenio. También cree que el cambio legal eliminará los «favoritismos» que, según denuncia, lastran ahora los procesos de selección de personal. «Son internos, exclusivos del hospital, totalmente endogámicos«, protesta, «a partir de ahora los convocará el Sermas para todo el Sermas y no podrá haber tanta mano interna como ahora».
Publicado por: Público
