«La Comisión ha decidido posicionarse del lado de los intereses de las multinacionales». Así resumía el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, el malestar del Gobierno tras conocerse la decisión de Bruselas de expedientar a España por sancionar a cinco aerolíneas low cost que cobran el equipaje de mano. Desde el ministerio lo interpretan como un pulso político entre la defensa del consumidor y el poder del lobby aéreo.

España cuenta ahora con dos meses de plazo para responder a las irregularidades señaladas por la Comisión. Tras ello, el procedimiento podría pasar al TJUE, que sería el órgano encargado de resolverlo, pudiendo desestimar la demanda de la Comisión si considera que no tiene base, o instar a España a cambiar su legislación.

El movimiento de Bruselas no llega por sorpresa. En los últimos meses, varias señales habían despertado recelos en el Gobierno español sobre la sintonía entre el nuevo comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, y las aerolíneas.

La apertura precipitada del expediente   

La Comisión Europea anunció la apertura de este procedimiento de infracción contra España por no permitir que las aerolíneas «apliquen cargos adicionales por el transporte de ningún tipo de equipaje de mano». Tzitzikostas -que forma parte del Partido Popular Europeo– ha sido quien ha propuesto la apertura de este expediente al considerar que estas sanciones entran en conflicto con la libertad tarifaria de la Unión Europea.

La declaración de Bruselas va más allá, ya que en su comunicado también pide a España que modifique la Ley de Navegación Aérea. Actualmente, la ley dice que el equipaje de mano siempre está incluido en el precio del billete, pero la Comisión considera que esto no se ajusta a la normativa europea y exige que se cambie.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha calificado la actuación de Bruselas como «precipitada» e «innecesaria». Su director general, Agustín Reyna, consideró en declaraciones a Público que la Comisión debería haber esperado a que los tribunales españoles resolvieran los recursos interpuestos por las aerolíneas antes de intervenir.

Por su parte, el Ministerio de Consumo ha aclarado que el expediente de Bruselas no altera las sanciones impuestas a cinco aerolíneas de bajo coste -actualmente recurridas ante los tribunales españoles-, ya que la Comisión Europea no tiene potestad para decidir sobre su validez.

La apertura del expediente pilló al empresario en Madrid, donde  O’Leary celebró la decisión de Bruselas en una rueda de prensa que, inicialmente, estaba prevista para anunciar un nuevo recorte de 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales españoles, dentro de las medidas con las que protesta por las que considera tasas «excesivas» de Aena.

El CEO de Ryanair aprovechó para presentar el expediente como una victoria propia y para insistir en su cruzada contra lo que considera «interferencias» del Gobierno español. «Las multas por equipaje son ilegales y necesitamos menos interferencia de ministros comunistas«, llegó a declarar. 

Ryanair adelantó públicamente la infracción a España

Michael O’Leary ya había adelantado públicamente el pasado agosto que el expediente a España estaba en camino: «Está absolutamente claro que la Comisión Europea va a iniciar un procedimiento de infracción contra España por las multas por equipaje de mano, que aún no se han explicado», llegó a asegurar.

«Las multas se revocarán», pronosticó O’Leary, quien también calificó al ministro de «loco» y aseguró que «se había sacado las cifras de la manga». «Tan pronto como lleguemos al TJUE, creemos que España perderá y, si no revierten ya las multas, la Comisión Europea iniciará un procedimiento sancionador», advirtió.  

Si bien, el propio O’Leary negó disponer de información privilegiada sobre las decisiones de Bruselas. En una entrevista con la Cadena SER este miércoles, aseguró que Ryanair «no forma parte del proceso» y que la Comisión «ha actuado por su cuenta»: «España ha estado presionando para evitar la apertura de este procedimiento, pero el nuevo Comisario está decidido a eliminar este tipo de injerencias regulatorias que, si prosperan, solo traerán precios más altos», añadió.

Argumentos similares

Tras la reunión con el comisario europeo, Bustinduy expresó su preocupación por la «presión» que Ryanair estaría ejerciendo «dentro de la Comisión Europea», con la intención de que Bruselas interviniera en las sanciones impuestas por España a la aerolínea y a otras compañías de bajo coste por prácticas consideradas abusivas.

Fuentes del Ministerio señalaron que el ministro se mostró «sorprendido por ciertas similitudes entre los argumentos del comisario y la línea de intervención de Ryanair», en particular sobre la política de cobro del equipaje de mano. Esta se trató de una reunión largamente esperada por el Gobierno, que había sido solicitada desde enero, pero que finalmente se celebró en septiembre.

Reunión antes con Ryanair que con Bustinduy  

El encuentro entre Tzitzikostas y Bustinduy no estuvo libre de polémica previa. El propio comisario decidió reunirse primero con Michael O’Leary, consejero delegado de Ryanair, antes que con el ministro español o las asociaciones de consumidores, un gesto que en el Ministerio de Consumo fue interpretado como toda una declaración de prioridades. «Me sorprende que el comisario reciba antes al magnate de Ryanair que al Gobierno de España, especialmente después de la campaña que la compañía ha lanzado contra el Ejecutivo», protestó Bustinduy en su día, en una carta dirigida a Bruselas en la que solicitaba una reunión para abordar el conflicto.

Este diario se ha puesto en contacto con la oficina del comisario de Transportes para conocer: por qué se inició el procedimiento de infracción antes de que se resolvieran los casos judiciales pendientes en España y la razón por la que se decidió priorizar la reunión con O’Leary antes que con Bustinduy. A la hora de la publicación de este artículo, Público aún no ha recibido respuesta.

Ningunear a  las organizaciones de consumidores  

Mientras tanto, las asociaciones de consumidores observan con creciente frustración lo que consideran un alineamiento de la Comisión Europea con las aerolíneas y denuncian no haber sido consultadas antes de tomar la decisión. Tzitzikostas tiene prevista una reunión con la BEUC -la Organización Europea de Consumidores, que agrupa a 45 asociaciones independientes de 32 países- el próximo 29 de octubre, aunque la cita llega tarde y tras la medida ya anunciada.

Desde la OCU señalan que las aerolíneas no pueden ampararse en la libertad de fijación de precios cuando esas prácticas dificultan la comparación de tarifas y restringen la libertad de elección de los pasajeros. Subrayan que el cobro de equipaje de mano, presentado como un suplemento opcional, se ha convertido en una estrategia opaca que encarece el precio final del billete sin que el usuario pueda anticiparlo.

Las asociaciones reclaman que el Parlamento Europeo refuerce la protección de los pasajeros frente a políticas comerciales que  puedan priorizar «los intereses de las aerolíneas sobre los derechos del viajero».

Publicado por: Público