La magistrada Carmen Rodríguez-Medel dio un impulso al caso desestimando peticiones de las defensas de postergar la decisión de abrir juicio oral, pero el juzgado de instrucción número 19, ahora a cargo del juez Antonio Viejo, no ha dado traslado a los abogados de los cinco acusados los escritos de acusación para que presenten sus escritos de defensa.

La causa de los dos delitos fiscales sigue, por tanto, en el juzgado de instrucción 19 de Madrid ya que no se ha elevado al Decanato de los Juzgados de lo Penal para que designe juez y fije fecha de juicio.

Para establecer quién será el juez de lo Penal que llevará adelante el juicio oral contra Alberto González Amador y sus cuatro testaferros y, también la fecha, se necesita que el titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, eleve la causa de los de los dos delitos fiscales, falsedad en documento, falsedad contable y pertenencia a grupo criminal, al Decanato de los Juzgados de lo Penal de Madrid.

Y el juez no lo ha hecho.

Fuentes judiciales señalan a El Periódico que la causa sigue en el 19 porque hasta el momento no se ha dado traslado a las defensas de González Amador y sus cuatro testaferros los escritos de las acusaciones -Ministerio Fiscal, y acusaciones populares del PSOE y Más Madrid- para que a su vez eleven sus escritos de defensa.

Sin esos escritos, la causa no está completada.

La jueza sustituta Carmen Rodríguez-Medel -se hizo cargo del juzgado 19 tras la jubilación de Inmaculada Iglesias, la titular, en julio pasado-, dictó el pasado 22 de septiembre de 2024 el auto de apertura de juicio oral. Para ello tuvo que desestimar la solicitud de la defensa de González Amador de aplazar la decisión ya que, sostenía, estaba pendiente en la sección 3 de la Audiencia de Madrid la resolución de un escrito en el que consideraba incompleta la instrucción de la juez Iglesias y solicitaba una serie de diligencias.

La jueza Medel, pese a su breve paso por el juzgado 19, no tuvo la bienvenida del. Gobierno de la Comunidad. Miguel Ángel Rodríguez, MÁR, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y pareja de González Amador, lanzó en redes sociales su típico mensaje en el que insinuaba la existencia de una mano invisible del Gobierno de Pedro Sánchez vía el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber ascendido al “hermanito” de la jueza en la Guardia Civil.

Familiares de Rodríguez Medel -empezando por su abuelo José Rodríguez-Medel, teniente coronel de la Guardia Civil, asesinado el 18 de julio de 1936 en Navarra, cuando intentaba frenar la sublevación militar, y siguiendo por su padre Ramón Rodríguez- Medel, tienen una conocida trayectoria en puestos en el cuerpo militarizado.

El caso es que la juez consideró que no había ya diligencias por realizar -habían sido rechazadas por la titular jubiladq- y, según apuntamos, dictó el auto de apertura de juicio oral.

El juez Antonio Viejo se hizo cargo del juzgado 19 de Madrid, por tanto, con el auto ya dictado.

Pero he aquí que cerrar la causa exigía, solamente, dar traslado a las defensas de los cinco acusados de los escritos de acusación de la Fiscalía de Madrid, la Abogacía de Madrid y las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid, presentados el 15 de julio de 2025.

Y después del 22 de septiembre de 2025, la tramitación de la causa quedó paralizada. Es posible que el cambio de titularidad haya supuesto una puesta al día, pero cuando se creía que el juez había elevado las actuaciones al Decanato, resulta que la causa sigue sin cerrarse.

Solo cuando las defensas presenten sus escritos, el juez podrá elevar las actuaciones al Decanato de Jueces de lo Penal de Madrid. Al solicitarse penas inferiores a los cinco años de prisión en este caso, el juicio oral corresponde a un juzgado de lo Penal unipersonal.

La juez Medel llegó al juzgado 19 cuando su antecesora, Inmaculada Iglesias, ya había dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado (equivalente al auto de procesamiento) y, ya con los escritos de acusación, sobre su mesa de trabajo, después de las vacaciones de agosto de 2025, procedió a abrir juicio oral.

Los acusados son Gońzález Amador, Maximiliano Niederer, David Herrera, Agustín Carrillo u José Miguel Carrillo. Aunque en la causa el nombre de González Amador, pareja de Ayuso, es es el único acusado que ha sonado en los medios, lo cierto es que son cinco. Los otros cuatro citados facilitaron presuntas facturas falsas por 1,7 millones de euros a la empresa Maxwell Cremona, propiedad de González Amador.

Esta empresa es la que obtuvo un beneficio de 2 millones de euros como intermediaria en la venta de mascarillas en 2020, durante la pandemia del coronavirus.

Maxwell Cremona habría defraudado a Hacienda 350.951 euros en los ejercicios 2020 y 2021, segú el expediente de la Agencia Tributaria y la denuncia de la Fiscalía de Madrid de marzo de 2024.

La acusación de la Fiscalía es por dos delitos fiscales en dichos ejercicios en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Se ha solicitado para González Amador la pena de prisión de 1 año y nueve meses y de 2 años y un día, para cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública, y multa. Eso significa que sin antecedentes penales, la pareja de Ayuso no pisará la cárcel.

Las acusaciones populares, que no pueden acusar por delito fiscal (por doctrina Botín está reservado al Ministerio Fiscal), lo hacen por delito de falsedad continuado contable, de falsedad en documento mercantil y de pertenencia a grupo criminal.

Información publicada en El Periódico