En 1991, el año en que Alberto Núñez Feijóo inició su carrera política, ardieron en Galicia entre 24.000 y 47.000 hectáreas, según las fuentes que uno consulte. El hoy presidente del PP, que era letrado de la Administración autonómica en la Xunta, acababa de tomar posesión ese año como secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Manuel Fraga, que aún no había establecido un sistema de recuento homologado y fiable de la superficie quemada por el fuego. Hacía diez años que el Estado había transferido a Galicia las competencias en materia medioambiental y específicamente «la defensa contra los incendios forestales», tal y como figura en varios apartados del Real Decreto que sancionó aquel traspaso.

Según datos del portal Civio, que ha elaborado un mapa de los incendios ocurridos en en todo el Estado en los últimos seis decenios, desde 1991 han ardido en Galicia cerca de 7,9 millones de hectáreas, una extensión equivalente a 2,7 veces su superficie total –los incendios se solapan periódicamente en los mismos montes–, a la de toda Castilla-La Mancha o a la suma de las de Balears, Canarias, Catalunya, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. Feijóo, al mando de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022, ha vivido, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, numerosas oleadas graves de incendios como las que ahora asolan España, ante las que ha construido un relato que incluye atribuírselas con carácter recurrente a una supuesta red de terroristas incendiarios. Esa idea la alumbró en los años noventa José Manuel Romay, el conselleiro de Agricultura que lo nombró para su primer cargo político.

2006. La foto de la manguera

En agosto de 2006, ante la peor temporada de incendios que Galicia había sufrido hasta la fecha y cuando era jefe de la oposición en el Parlamento autonómico, Feijóo recuperó el argumento de la trama de pirómanos. Según datos de la Xunta, entonces gobernada por PSOE y BNG, ese año ardieron en apenas siete días más de 77.000 hectáreas en cerca de 2.000 fuegos, 37 de ellos considerados grandes incendios –cuando afectan a más de 500 hectáreas en la península o más de 250 en las islas–. El PP llegó a elevar la cifra a 175.000 hectáreas –el 6% del territorio–basándose en un informe elaborado a partir de los datos de una web, mapasnet.com, hoy desactivada, que a su vez fundamentaba el cálculo en fotografías de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio estadounidense (NASA, en sus siglas en inglés). Feijóo se lo entregó en mano a los periodistas en una rueda de prensa celebrada el 14 de agosto, cuando ya se habían constatado cuatro muertes y decenas de heridos gravespor el humo y las llamas. Ese día había más de 120 incendios aún activos y casi medio centenar estaban sin control. Cinco días antes, el Partido Popular había enviado a los medios una fotografía de su líder en Galicia vestido de sport y simulando que apagaba un incendio, manguera en mano en un monte quemado donde el fuego ya había sido extinguido. Esa misma jornada aseguró, sin explicar de dónde había obtenido el dato, que el 70% de los incendios que se estaban produciendo eran intencionados.

2007. «Con nosotros no moría gente en los incendios»

Apenas cinco meses después, en enero de 2007, en un mitin en la localidad coruñesa de Carballo durante la precampaña de las municipales de ese año en el que le acompañaba Mariano Rajoy, Feijóo se refirió a las muertes del verano anterior insinuando que eran responsabilidad del Gobierno bipartito que encabezaba Emilio Pérez Touriño: «Con nosotros no moría gente en los incendios, y con ellos, cuatro personas», dijo. Tanto el PSOE como el BNG le recordaron que la afirmación no era cierta –en julio de 2004, cuando él era conselleiro de Política Territorial de la Xunta de Fraga, un piloto de los servicios de extinción había fallecido al estrellarse su avioneta en Beariz (Ourense)–. Touriño consideró las palabras del entonces presidente del PP gallego «desafortunadas» y «fuera de lugar», y su vicepresidente, Anxo Quintana, del BNG, le acusó de faltar al respeto de las víctimas y sus familias.

2015. «Una actividad incendiaria interesada en crear el caos»

El año 2015, cuando ya llevaba seis ejercicios al frente de la Xunta, fue el quinto desde 1989 con menos superficie forestal quemada en la historia Galicia. Pero ese verano también se produjeron varios grandes incendios graves. Feijóo alertó entonces de la existencia de una «actividad criminal incendiaria» como no había visto en años y que, según insinuó, podría incluso tener motivaciones políticas: habría «gente» que estaría «muy interesada en crear el caos» y que estaría actuando de manera coordinada para dificultar el trabajo de los servicios de extinción. Como prueba, alegó la «nocturnidad» de los pirómanos, que estarían provocando «incendios que comienzan de madrugada, a partir de las nueve de la noche, cuando los medios aéreos se retiran».

2017. La Xunta gasta 77.000 euros en anuncios en prensa contra el «terrorismo incendiario»

En el otoño de 2017, un año después de la tercera mayoría absoluta de Feijóo en Galicia, la comunidad sufrió la peor oleada de incendios que se recuerda, sólo superada por la de 2006. Ardieron más de 47.000 hectáreas, el equivalente al 78% de la superficie de todo el municipio de Madrid. Ante las críticas a su gestión y a la tardanza en enfrentar el problema, Feijóo recuperó la idea de las tramas organizadas de pirómanos. Afirmó que los fuegos no se estaban produciendo «por azar» y hasta llegó a pagar una campaña de publicidad institucional en prensa, en la que gastó 77.000 euros de la Xunta en anuncios a toda página en medios gallegos y estatales –entre ellos El País, El Mundo y ABC–. En ellos se vinculaba la idea del terrorismo incendiario a la solidaridad institucional con las víctimas del fuego y al apoyo a los profesionales que lo combatían. Feijóo usó ese argumento en varias apariciones públicas. El entonces fiscal de delitos medioambientales de Galicia, Álvaro García Ortiz, hoy fiscal general del Estado, le desmintió poco después recordando que, tras años de investigaciones y de decenas de procesamientos y de condenas contra acusados de causar fuegos de manera intencionada o involuntaria, no se habían encontrado pruebas, ni siquiera indicios, de la existencia de ese supuesto terrorismo incendiario.

2020. «La intencionalidad es ya un clásico»

Entre 2017 y la actual oleada de incendios, 2020 había sido el año con peor registro de superficie quemada en Galicia, cerca de 15.000 hectáreas. Feijóo volvió a aludir entonces a la intencionalidad –»Es ya un clásico», dijo– y su entonces conselleiro de Agricultura, José González –hoy conselleiro de Emprego con Alfonso Rueda– expuso como prueba que 255 grandes incendios se habían originado de noche en menos de un mes y con focos simultáneos. Eran menos de la mitad –el 45%– de los 568 que se habían registrado en el mismo período, pero el conselleiro también consideró un indicio de criminalidad intencionada el que se hubieran producido en condiciones de temperaturas elevadas o de viento fuerte, una característica muy común a todos los siniestros graves. En todo ese verano, las fuerzas de seguridad del Estado sólo detuvieron a una persona acusada de prender fuego al monte, por provocar dos pequeños incendios que quemaron 1.148 metros cuadrados –menos de 0,15 hectáreas– en Brandariz, en el municipio coruñés de Ortigueira.

2025. El Gobierno «llega tarde» a las competencias de las comunidades gobernadas por el PP

El líder del PP reclamó este viernes al Gobierno que movilice más medios del Ejército para combatir la oleada de incendios en siete comunidades autónomas, pero pidió que el mando operativo se mantenga en los gobiernos regionales. Dos días antes, había acusado al Ejecutivo de «llegar tarde» a los siniestros por, supuestamente, no haber activado la vigilancia de los montes. En realidad, el Consejo de Ministros había aprobado antes del verano el plan estatal contra los incendios que contempla esas tareas. Además, según la Constitución y las leyes que la han desarrollado, las competencias en materia de gestión forestal, incluida la prevención y extinción de incendios, son de las administraciones autonómicas. El pasado miércoles, en el centro de mando del operativo contra los incendios de Ourense, Feijóo volvió a esgrimir el concepto de «terrorismo incendiario» para referirse a los fuegos de este verano, pero sin explicar si tenía pruebas o indicios que sustenten ese argumento. También aseguró que el 80% de los fuegos son intencionados, una afirmación que no se sostiene si se atiende a los datos oficiales. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, referida al ejercicio 2023, ese año se incoaron 138 procedimientos por delitos de incendio forestal, de los que 90 derivaron en sentencias condenatorias y 28, en fallos absolutorios. Según el Anuario Estadístico de la Guardia Civil –sus últimos datos corresponden también a 2023–, esa institución tuvo ese año conocimiento de 2.944 incendios. Sólo un 8% fueron intencionados, un 17% se produjeron por negligencias y accidentes y un 8%, por causas fortuitas naturales. Del 67% restante se desconoce su origen.