Ocho inspectores jefes de Grupo, dos subinspectores, ocho oficiales de Policía y 52 agentes policiales del Área Especial de Seguimientos (AES) de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo), englobada dentro de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, es decir, 70 efectivos, se destinaron para la vigilancia al margen de la legalidad judicial de Rosalía Iglesias, esposa del que fuera tesorero del PP, Luis Bárcenas, y de su entorno en el verano y el otoño de 2013, según indica la Fiscalía Anticorrupción. 

El operativo se valió de hasta 11 policías diarios que no fueron destinados a la lucha contra el crimen sino a espiar a la familia de Luis Bárcenas, quien había entrado en prisión preventiva el 27 de junio de 2013, por orden del Juzgado Central de Instrucción 5 en el curso de la investigación por la contabilidad b del PP. El espionaje servía solo a intereses particulares del Partido Popular, que, sin embargo, no se sienta en el banquillo, al no admitirlo ni los jueces de la Audiencia Nacional ni la fiscalía Anticorrupción, por considerar la medida pedida por el PSOE fuera de plazo.

La llamada brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy se dedicó presuntamente con dinero público a varias acciones ilícitas, como el espionaje a adversarios políticos para neutralizarlos (operación Catalunya) o a evitar que pruebas de la caja b del PP llegaran a la Justicia, que ya investigaba el caso Gürtel. Esto último fue la llamada operación Kitchen, que el lunes entra ya en la fase de juicio oral, con diez enjuiciados, entre ellos, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fue el máximo jefe de la Policía Nacional Eugenio Pino.

Kitchen se alargó en el tiempo dos años, hasta 2015, pero las vigilancias más intensas se realizaron en el verano y el otoño de 2013, y habrían participado unos 70 policías y mandos. Pero pudieron ser más, porque la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía también participó en los seguimientos, según considera la Fiscalía, hasta finales de julio de 2013, cuando la UAI se solapó con el operativo de la UCAO, bajo el mandato de comisario Enrique García Castaño, para quien se ha archivado la causa por las secuelas de un ictus.

Las vigilancias afectaron al entorno de los Bárcenas, incluido el que entonces era su letrado, el exjuez Javier Gómez de Liaño, espiado, al menos los días 27 y 28 de febrero de 2014, consta en el sumario. 

Los implicados trataban de evitar que la documentación que guardaba Bárcenas sobre la contabilidad opaca del partido llegara a la Justicia. Para ello, además de entrar ilegalmente en un estudio de pintura y de restauración de muebles de Rosalía Iglesias, donde suponían que el extesorero había ocultado documentación y grabaciones comprometidas, también neutralizaron a un informático que había sido compañero de prisión de Bárcenas y que tenía el encargo de este de eliminar unos archivos de audio, pero fue detenido según una inexistente causa judicial, abortando así la misión.  

Todos los trabajos en la operación Kitchen tuvieron un coste para las arcas públicas, pero no se ha procedido a realizar la cuantificación por considerar la Audiencia Nacional que la medida pedida por el PSOE, que es acusación popular, era «extemporánea», es decir, estaba fuera de plazo.

La Fiscalía reconoce que «aunque no han sido objeto de cuantificación, también fueron desviados para la ejecución de ilícitos seguimientos sobre Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias y su entorno los recursos técnicos y humanos del Ministerio del Interior utilizados en el desarrollo de las vigilancias». También habría que incluir en la contabilización económica el material informático para los clonados de los dispositivos electrónicos arrebatados a Bárcenas y los gastos de los vehículos usados en los seguimientos, entre otros recursos.

Los pagos al topo

Lo que sí parece cuantificado es el pago con cargo a los fondos reservados a Sergio Ríos, infiltrado como conductor de los Bárcenas por los implicados, en especial, el comisario Andrés Gómez Gordo, que había sido asesor de María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y que conocía a Ríos. Este pasó a reportar diariamente a los policías encausados, que a su vez, trasmitían la información al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al exministro Fernández Díaz.

Esos altos cargos acordaron que, como contraprestación por la información y documentación que proporcionaba relativa a los Bárcenas, Sergio Ríos recibiera, desde julio de 2013 y hasta septiembre de 2015, la cantidad de 2.000 euros mensuales, que se abonarían con cargo a los fondos reservados, siendo los encargados de la entrega del dinero Villarejo, en una primera etapa, y Andrés Gómez Gordo, en la segunda. En total, recibió 57.943,43 euros, consta en el escrito de acusación de la Fiscalía.

A esa cantidad habría que sumar el valor de una licencia de armas tipo B, para la posesión de armas cortas, que le fue otorgada por la trama como contraprestación, y una pistola de la marca Glock, por valor de 700 euros, que adquirió García Castaño para Ríos. Fuentes jurídicas estiman que los fondos públicos obtenidos realmente por el chófer-espía de Bárcenas superarían los 60.000 euros.

Además, consta en el sumario que «como contraprestación por los servicios prestados y teniendo presente que los periódicos pagos con cargo a los fondos reservados no se podrían prorrogar de manera indefinida», Villarejo propuso a Eugenio Pino y a Francisco Martínez, que, como un mecanismo de protección «que garantizase la impunidad de todos los participantes en Kitchen,  Sergio Ríos ingresara como agente en el Cuerpo Nacional de Policía. 

Acabó sucediendo y Ríos obtuvo una plaza como policía nacional, aunque dice la Fiscalía que no consta de qué manera pudieron interferir en el proceso selectivo que le dio el aprobado al exchófer de Bárcenas en 2015, en la oposición libre. En la actualidad, Sergio Ríos está suspendido de empleo y sueldo. La Fiscalía pide que se le aparte definitivamente de la plaza de funcionario público.

Constan aportadas a la causa las notas de los 70 agentes participantes en los seguimientos a los Bárcenas, así como un informe de Asuntos Internos donde aparecen desglosadas las entregas de fondos reservados solicitadas por el comisario García Castaño para pagar al «colaborador» Sergio Ríos. Aparecen ahí los ‘recibís’ de este respecto de pago mensual  y los tickets de gastos de comida y taxis que el chófer aportaba cada cierto tiempo para que se le abonara desde la cúpula de la Policía.

Dos años de trabajos ilícitos

En el curso de la «ilícita operación policial de inteligencia», como la define Anticorrupción, los implicados llegaron a hacerse de manera ilegítima con mensajes de texto, correos electrónicos y contactos que Luis Bárcenas tenía almacenados en diferentes dispositivos móviles a fin de verificar si en dichas comunicaciones existían algunas que resultaran comprometedoras para los dirigentes del Partido Popular. De esta manera, el ‘topo’ Sergio Ríos sustrajo dos teléfonos móviles y una tableta que Luis Bárcenas guardaba en su domicilio y que entregó a García Castaño.