El juicio por la trama Kitchen arranca el próximo lunes, 6 de abril, de manera «descafeinada», indican fuentes jurídicas, al no sentarse en el banquillo todos los que se beneficiaron de la operación ilegal de inteligencia puesta en marcha desde el Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy para sustraer documentación sobre la caja b del PP al que había sido su tesorero, Luis Bárcenas, en el marco del caso Gürtel que ya se estaba investigando por la justicia. 

No están en el banquillo ni el expresidente Mariano Rajoy; ni la que fuera la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; ni siquiera el propio Partido Popular; todos ellos presuntos beneficiados de Kitchen, cuyo fin último era detraer a la justicia pruebas de la trama Gürtel. El cargo más alto que va a ser juzgado es Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, que, sin señalar directamente a Rajoy, ha declarado que el caso Gürtel era una cuestión que atañía al PP y no al Ministerio del Interior.

Es por eso que extraña sobremanera que el PP no figure entre los encausados de la operación Kitchen como responsable a título lucrativo cuando sí lo fue en ocasiones anteriores en el marco de los juicios por el caso Gürtel, de los que resultó condenado en tres ocasiones por haberse lucrado de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, que anidó de lleno en el PP.

El «empeño» de la Fiscalía Anticorrupcción, dirigida por Alejandro Luzón, en que el PP no se sentara en el banquillo como responsable a título lucrativo, como pedían la acusación popular ejercida por el PSOE y las defensas del exministro Fernández Díaz y de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, ha dejado la causa con interrogantes sobre quién ordenó la operación, y en todo caso, la ausencia de Rajoy y de Cospedal deja al procedimiento huérfano de presuntos «autores intelectuales o ideólogos», indican fuentes jurídicas. 

Y esto, además, tiene otra lectura: el rechazo de la responsablidad civil a título lucrativo del PP, que tiene un carácter solidario, es decir, de pago conjuntamente con los condenados para devolver los fondos de los que se hubiera beneficiado, aboca al Estado a sufragar de manera subsidiaria toda la carga de las indemnizaciones que no sean satisfechas por los responsables. Porque la Fiscalía podía haber pedido que el PP respondiera solidariamente por la actuación de sus cargos sin renunciar a que el Estado fuera responsable civil subsidiario.

El coste de la ‘Kitchen’

En el caso Kitchen, la Audiencia Nacional rechazó la petición del PSOE de que se cuantificara en un informe económico el alcance de la operación parapolicial y su impacto en el erario, al destinarse hasta 70 policías a labores de espionaje sin orden judicial. Sí se conoce la cuantía de los fondos reservados que percibió Sergio Ríos, que actuó como chófer-espía de la familia Bárcenas: 2.000 euros al mes entre julio del año 2013 y el mes de septiembre del año 2015; además de más de 3.000 euros en gastos de transportes y comida. 

Estos fondos públicos usados en beneficio del PP no han sido tenidos en cuenta ni por la Fiscalía ni por el ya jubilado juez instructor Manuel García Castellón ni por su sucesor, el juez Piña, que volvió a desestimar en enero pasado la petición del PSOE para que el PP fuera enjuiciado como partícipe a título lucrativo y que María Dolores de Cospedal se sentara en el banquillo.

A escasos días para que arranque la vista oral, los socialistas han pedido este lunes a la Audiencia Nacional que les informe de la investigación para conocer la capacidad económica de los encausados a fin de que respondan de las eventuales indemnizaciones y multas que se les pide.

«Se solicita que, o bien se nos dé acceso a las piezas separadas y a los oficios que se hayan efectuado, o, de no existir, que se actúe conforme a lo ordenado, puesto que no estamos hablando exclusivamente de la responsabilidad civil solicitada por la familia Bárcenas, que excede los 120.000 euros (más el 30% de costas), sino también de dinero público detraído de las arcas del Estado (más de 54.000 euros) y de cuantiosas posibles multas pecuniarias», solicita el PSOE en un escrito al que ha tenido acceso Público y en el que se ahonda de esta manera: «Resulta, por tanto, necesario que la Administración de Justicia sea capaz de evitar cualquier posibilidad de que sean los propios ciudadanos quienes deban asumir el coste de la corrupción, dado que el Ministerio Fiscal pide la responsabilidad civil subsidiaria del Estado».

Peticiones de indemnización

Luis Bárcenas, su esposa, Rosalía Iglesias, y el hijo común, Willy, todos ellos espiados, piden 400.000 euros a cada uno (1,2 millones de euros en total), en calidad de acusación particular, «debiéndose añadir como responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos a los acusados en la cantidad que finalmente se fije en sentencia de ser condenatoria», según consta en su escrito de acusación. La alta suma indemnizatoria de los Bárcenas se refiere al intento de secuestro que sufrieron por parte de un falso cura, que falleció en 2022. Esta cuestión ha quedado fuera del enjuiciamiento.  

Por su parte, la Fiscalía pide, en concepto de responsabilidad civil, a los encausados Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, Eugenio Pino, José Manuel Villarejo Pérez, Andrés Gómez Gordo y Sergio Javier Ríos Esgueva que indemnicen, de manera conjunta y solidaria, a Luis Bárcenas en la cantidad de 6.000 euros; y a Rosalía Iglesias, en la cantidad de 3.000 euros por los delitos contra la intimidad. 

Por otro lado, el Ministerio Público pide para la cúpula del Ministerio del Interior, Fernández Díaz y Martínez, así como para el ex director Adjunto Operativo de la Policía Eugenio Pino la cantidad de 57.943 euros por el delito de malversación. Respecto de esa cantidad total, responderán también, de manera conjunta y solidaria, el encausado Sergio Javier Ríos Esgueva en la cantidad de 54.700 euros; el comisario jubilado Villarejo en 47.243 euros; y el comisario Andrés Manuel Gómez Gordo en la cantidad de 10.000 euros. 

En el caso de Sergio Ríos, para quien la Fiscalía solicita que se anule su nombramiento como funcionario de la Policía Nacional, cuenta con un abogado de oficio y actualmente está suspendido de empleo y sueldo en el Cuerpo, por lo que es previsible que no pueda hacer frente a las indemnizaciones ni a las multas a las que pudiera ser condenado.

En el caso del comisario Andrés Gómez Gordo, exasesor de Cospedal en Castilla- La Mancha, la acusación popular del PSOE indica «la posible existencia de fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas», a la luz de las «elevadas minutas» que abona a despachos de renombre en varias causas penales, sin que esté aportado a la causa un análisis patrimonial, lo que para el partido «refuerza el riesgo de fuga». En este caso y también para el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el PSOE ha pedido prisión provisional como medida cautelar por riesgo de fuga.

Publicado en: Diario Público