Gobernaba Esperanza Aguirre cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha siete hospitales gestionados con un modelo de colaboración público-privada llamado «concesión de obra pública»: constructoras y bancos, en forma de UTE (unión temporal de empresas), construyeron los centros y se encargarán durante 30 años de la gestión de los servicios no sanitarios, mientras que la asistencia médica corre a cargo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Al tiempo, la Consejería de Sanidad creaba una Unidad Técnica de Control para «monitorizar» y «evaluar» los servicios prestados por las empresas concesionarias. Aunque depende de la Dirección General de Gestión Económica del Sermas, su personal pertenece a una empresa privada, a la que se adjudicó en 2007 un contrato para que hiciera ese trabajo. Se trata de Hill International Spain SA, filial española de una de las mayores multinacionales de gestión de proyectos y construcción de Estados Unidos.  

Desde entonces y hasta 2022, Hill International Spain fue la encargada de supervisar la actividad y el desempeño económico y financiero de esos siete hospitales, a través de adjudicaciones y prórrogas de los contratos. El último contrato se firmó en 2022, ya con Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno madrileño, que además le amplió el trabajo: pasó también a ejecutar la «supervisión técnico-administrativa, económico-financiera y legal» de los cuatro hospitales gestionados con otro modelo de colaboración público-privada, la «concesión administrativa», así como de los hospitales con convenio singular –la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla– e incluso de los contratos centralizados de limpieza, lavandería y vigilancia y seguridad del Sermas.

Uno de esos hospitales bajo «concesión administrativa», también parte del proyecto privatizador de Esperanza Aguirre, es el de Torrejón, gestionado por la sociedad Torrejón Salud SA. Desde que se constituyó en 2009 y hasta agosto del año pasado, esta empresa ha tenido dos accionistas: el grupo Ribera Salud (89,47%) y Concessia (10,53%), una sociedad creada para invertir en proyectos de concesiones públicas de la que Hill International posee un 5,67%. 

Es decir, la empresa que supervisa la actividad y cuentas del Hospital de Torrejón desde 2022 ha sido al mismo tiempo accionista indirecta –a través de Concessia– de dicho hospital durante tres años. Lo que puede suponer un conflicto de intereses, según confirman los expertos consultados por este periódico. La imparcialidad y objetividad de la supervisión ejecutada por Hill International podría quedar en entredicho al ser accionista indirecto del Hospital de Torrejón. La filial de la multinacional estadounidense fue ratificada como miembro del consejo de administración de Concessia en abril de 2023, por un plazo de seis años. 

«No vamos a hacer ningún comentario», ha sido la respuesta de Hill International Spain cuando Público le ha preguntado por su participación accionarial en Concessia y la incompatibilidad con sus tareas de supervisión del Hospital de Torrejón entre 2022 y 2025.

Por su parte, la Consejería de Sanidad niega que haya conflicto de intereses y asegura que «los procedimientos sobre los que se trabaja y se trabajó en ese ámbito están ajustados a derecho». «Todo el problema» sobre el posible conflicto de intereses, añade un portavoz, «obedece a un problema de distribución de accionariado». [Puedes ver al final de este artículo las preguntas que dejaron sin responder la consejería y la empresa].

Causa de resolución del contrato

Los pliegos de condiciones administrativas del contrato de 2022 establecen en su capítulo de incompatibilidades que el adjudicatario no puede «tener compromisos con terceros que puedan suponer encontrarse en una situación de conflicto de intereses» para la realización de las tareas que se le han encomendado. 

También precisan que «no podrá haber participado directa o indirectamente en los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión de los Hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), Hospital de Torrejón y Hospital de Villalba». Es decir, cita expresamente el centro del que Hill International Spain era accionista indirecto.

En cualquier caso, los pliegos exigen al adjudicatario que presente, en el momento de la firma del contrato, una «declaración responsable expresa y por escrito» de la inexistencia de conflictos de intereses. El incumplimiento de esta obligación es motivo para resolver el contrato. Y mentir en esa declaración implica que se le sancione con la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Ni la empresa ni Sanidad aclararon qué figuraba en esa declaración responsable.

¿Lo sabía Sanidad?

Pero resulta poco creíble que Sanidad desconociera el vínculo societario entre Hill International, Concessia y Torrejón Salud. La creación de Concessia, en febrero de 2008, fue publicitada en la prensa económica. Trece cajas de ahorro se unían con la que entonces se llamaba Gerens Hill International para fundar «la primera y única gestora de concesiones de España controlada por entidades financieras y con total independencia de cualquier grupo constructor». Cada caja tenía un 7% de la sociedad, y Gerens Hill International, un 5%. Su plan era conseguir una cartera de 37 concesiones públicas por importe de 2.000 millones de euros en 10 años. Aún no había explotado la burbuja inmobiliaria –Lehman Brothers quebró sólo siete meses después– y Concessia se preparaba para participar en proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos como hospitales, carreteras, aeropuertos, comisarías, edificios para uso de las administraciones públicas y residencias de mayores, según publicó el diario Expansión. No sólo en España, también en Europa del Este, Estados Unidos, México, Brasil y Chile. 

Pero, tras la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión, en su capital sólo quedan hoy siete socios: Ibercaja Banco (30,15%), Caixabank (24,2%), Kutxabank 16%), Banco Sabadell (8%), BBVA (8%) e Hiscan Patrimonio II SAU, gestora de Caixabank (8%), además de Hill International Spain. Desde agosto de 2025, cuando abandonó Torrejón Salud, Concessia sólo tiene una inversión, el 23% del Hospital Universitario de Burgos, gestionado con el modelo de concesión de obra pública. Además, en 2023 perdió 9,89 millones de euros, que se sumaron a los 3,37 millones de números rojos acumulados desde 2020. De hecho, en 2023 Concessia estaba en causa de disolución, por lo que tuvo que reducir capital por importe de 11,46 millones de euros para compensar pérdidas y revertir su desequilibrio patrimonial. 

Hill International también pierde dinero en España, 654.000 euros en 2024. Pero ese ejercicio facturó 13,54 millones, un 8,8% más que el año anterior, según destaca en las últimas cuentas que ha enviado al Registro Mercantil y que han sido consultadas por Público. 

En los últimos cinco años, Torrejón Salud SA ha recibido 121 millones de euros en concepto de compensación tras alegar que se produjeron «circunstancias extraordinarias o imprevisibles» que habían alterado «significativamente la economía del contrato». Los últimos 32,8 millones, pagados el pasado verano, salvaron a la concesionaria de la insolvencia. Pero no consiguieron cerrar el conflicto que arrastraba con su socio minoritario, Concessia. La empresa de las cajas y Hill International vendió sus acciones y abandonó el barco tras enfrentarse a Torrejón Salud en los tribunales y 16 años después de haberse vinculado al grupo Ribera Salud.