La Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica suspendió en febrero de 2024 el concurso para cubrir el servicio de apoyo a las comunidades autónomas en la extinción de incendios con medios aéreos porque la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencia (Ataire), que agrupa al 80% de las empresas del sector, había presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC). Los sobres con las ofertas de posibles adjudicatarios no se llegaron a abrir, pero de haberlo hecho, habría sido una tarea brevísima: sólo se había presentado una empresa, por lo que quedaron desiertos 18 de los 20 lotes ofertados. En lid estaban 134,16 millones de euros en contratos para prestar helicópteros y aviones anfibios y de carga en las campañas de 2024, 2025 y 2026.

Ataire impugnó los pliegos del concurso porque los precios ofertados no incluían el «beneficio industrial» en las horas de vuelo y se exigía a las empresas unos criterios de mantenimiento superiores a los previstos en la normativa, así como un número máximo de pilotos y copilotos que consideraba injustificado. También se les pedía que abastecieran de combustible a terceros en las bases. En marzo de 2024, el TARC falló a favor del ministerio en todos los puntos menos en el relativo al combustible.

Transición Ecológica tuvo entonces que licitar de nuevo los contratos, pero para ello utilizó el procedimiento negociado y sin publicidad. Según justifica el departamento, el motivo fue la proximidad del verano, el periodo de máximo riesgo de incendio, y que el comité que coordina el Plan Estatal de Incendios Forestales decidió adelantar el inicio de la campaña al 1 de junio. La ley, además, permite utilizar ese procedimiento, en el que se invita a concursar a un número limitado de empresas, con las que se negocian las condiciones, y que prácticamente es una adjudicación a dedo, cuando una licitación queda desierta. Además, permite aumentar los precios de los contratos hasta un máximo del 10%.

Así, se abrieron seis licitaciones por la vía de urgencia, por las que se contrataron 50 aeronaves –32 helicópteros, cuatro aviones anfibios, ocho aviones de carga y cuatro de coordinación y observación– para la campaña de verano de 2024.

Y, en efecto, los precios fueron superiores, debido a «los sobrecostes asociados a la puesta en servicio y alquiler, con carácter urgente y únicamente para la campaña de verano» de estos aparatos. Aunque el ministerio no precisa el importe de ese aumento.

Una vez acabada la campaña de verano, Transición Ecológica volvió a licitar el concurso trianual, de nuevo con un procedimiento abierto y ordinario. Y volvió a subir los precios de los contratos. Según explica en la memoria justificativa incluida en la documentación que el ministerio ha publicado en la Plataforma de la Contratación del Estado, los importes aumentaron una media del 43,5%: un 37% los helicópteros medios de transporte de brigadas, un 46% los aviones anfibios y los helicópteros bombarderos, y un 45% los aviones de carga.

Esa alza de precios se suma así al 53,6% que ya se habían mejorado los del concurso suspendido a principios de 2024 respecto al anterior, según precisa la memoria. En aquel momento, se habían tenido en cuenta «el importante incremento de los costes de adquisición de las aeronaves, de mantenimiento y de combustible». De esta forma, se habían mejorado un 26% el precio de los helicópteros medios de transporte de brigadas, un 105% el de los aviones anfibios y un 30% el de los aviones de carga.

Es decir, en un año y tres concursos mediante, los precios ofertados se habían disparado un 97,1%.

Otros concursos desiertos

No es infrecuente que algunos concursos o lotes de los concursos convocados por el ministerio o las comunidades autónomas se queden desiertos. En 2019 ocurrió con dos de los seis lotes del concurso trianual de Transición Ecológica –23,27 millones de euros–, e igualmente sólo se presentó una empresa, Babcock –hoy Avincis–, a los otros cuatro lotes. Los dos desiertos se licitaron después también por el procedimiento negociado sin publicidad.

Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha dejó sin adjudicar seis de los siete lotes de que se componía el concurso de su plan Infocam para los años 2025, 2026 y 2027, porque no se había presentado ninguna oferta. El presupuesto de la licitación ascendía a 61,16 millones. En Baleares, quedó desierto en enero de 2024 un concurso de 621.120 euros para cubrir durante dos años el servicio que presta una aeronave de coordinación y observación, igualmente porque no se había presentado ninguna empresa. Ese avión lo suministraba desde 2020 Martínez Ridao Aviación SL, tras dos prórrogas sucesivas –265.324 euros cada año–. Como no se pudo adjudicar en 2024, se prorrogó por tercera vez  – por nueve meses–   el contrato con Martínez Ridao, a la que se pagó 241.834 euros más.

El ‘cartel del fuego’ pactó dejar desierto un concurso

Algunos de los principales operadores de este sector fueron condenados por la Audiencia Nacional, en una sentencia del pasado mes de febrero, por amañar concursos públicos durante 20 años. El llamado cartel del fuego lo integraban Avincis, Pegasus, Martínez Ridao Aviación, Avialsa –hoy Titan Firefighting Company– y dos empresas extintas, Trabajos Aéreos Extremeños y Trabajos Aéreos Espejo. Uno de los hechos que la sentencia considera probados y por los que fueron condenados estas empresas y una docena de directivos y altos cargos de los gobierno catalán y valenciano fue precisamente el pacto por el que el cartel dejó desierto, de forma intencionada, un concurso del ministerio de 2004 para contratar dos aviones anfibios y uno de carga, distribuidos en dos lotes. El importe de la licitación ascendía a 2,34 millones de euros.

El objetivo del cartel era inflar el precio final, tal y como revelaron las actas de las reuniones y las comunicaciones que mantuvieron los empresarios implicados. Así, el ministerio volvió a sacar concurso el servicio, pero mediante un concurso negociado sin publicidad. E incluyendo un aumento del 10% en el importe de la licitación, como permite la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El ministerio invitó al concurso a Pegasus, Avincis, Avialsa, Martínez Ridao Aviación y Trabajos Aéreos Espejo. Estos pactaron entonces hacer sólo dos ofertas, una por cada lote. Al primero acudió una UTE formado por Cegisa –hoy integrada en Avincis– y Ángel Martínez Ridao, que ofertaron 1,65 millones de euros. Al segundo se presentó Trabajos Aéreos Espejo, con una propuesta de 691.330 euros. Ambas ofertas no suponían baja alguna respecto al precio de salida y obtuvieron la adjudicación. «Con esa táctica, se infló artificiosamente el coste cargado a la Administración en 234.133 euros», explica la sentencia.

El tribunal determina que la operativa del cartel del fuego era «arrancar» precios máximos a los órganos de contratación, «a costa del erario público» y «sin alternativa, para la Administración contratante». Esa actividad, ejecutada a lo largo de 20 años, «equivale en la práctica al dominio del mercado en ese sector y a la eliminación sistemática de la libre concurrencia en los concursos públicos» convocados en España, subraya el tribunal.

Por tanto, añade, el perjuicio causado va más allá del importe cobrado de más al ministerio por el concurso que quedó desierto y se volvió a licitar por esos 234.133 euros más, pese a que ésa es la única cantidad que la sentencia ha podido precisar y reclamar. Porque la distorsión de la libre concurrencia en el sector –»que es el verdadero perjuicio», apostilla la sentencia–, es «imposible de cuantificar», se lamenta la Audiencia Nacional. Al menos, ésa fue la declaración de los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ante los jueces: «Ante las prácticas colusorias cometidas es imposible conocer qué otras empresas podrían haber concursado y obtenido la adjudicación, y calcular [así] el perjuicio económico para la Administración pública». Los únicos quebrantos medidos y reconocidos en la sentencia son los 1,89 millones de euros que Avialsa debería pagar a la Generalitat Valenciana por tres facturas por servicios no contratados que le abonó indebidamente un alto funcionario sobornado por la trama.

En la memoria justificativa del último concurso trianual licitado por Transición Ecológica, el propio ministerio reconoce que el sector de los medios aéreos de extinción de incendios constituye un «monopolio de facto u oligopolio», integrado por un «reducido número de fabricantes de aeronaves y empresas operadoras». Los abogados del cartel del fuego lo corroboraron en el juicio ante la Audiencia Nacional, donde admitieron que las empresas acusadas copaban el 70% del mercado. Fue uno de sus argumentos para reclamar que se les rebajara de un año a un mes el tiempo en que se les sancione prohibiéndoles contratar con el Estado: si no podían hacerlo, las administraciones se quedarían sin aeronaves para apagar incendios.

No acudir a los concursos, la única herramienta

«En España hay más empresas [dedicadas a la extinción de incendios con aeronaves] que en ningún otro país de Europa», responde Dámaso Castejón Amenedo, secretario general de la patronal Ataire, cuando se le menciona el oligopolio. Hasta ahora, «el único mercado» era España y, un poco menos, Portugal. En la península ibérica era donde se desataban más incendios, una situación que ha empezado a cambiar en los últimos años debido al cambio climático. La flota de 250 helicópteros y aviones con que cuenta España es la mejor de Europa y uno de las mejores del mundo, presume Dámaso Castejón.

Lo que sí reconoce el responsable de Ataire es que hay empresas especializadas en determinados modelos de aparatos, lo que limita la oferta. «Esto no es la construcción», describe, «las empresas tienen que apostar por determinados modelos o marcas, no puedes tener un porfolio infinito de modelos». Además, se trata de un sector «muy intensivo en inversión», tanto en aeronaves –un avión Air Tractor cuesta cinco millones de euros, destaca– como en capital humano –la habilitación de un piloto asciende a 35.000 euros–, lo que supone una importante «barrera de entrada» para nuevas empresas.

También niega que los miembros de Ataire tengan «capacidad de presión» por la dependencia de las administraciones de ese reducido número de empresas para cubrir un servicio esencial. «Como Ataire, tenemos muy poca», remacha. Tampoco para «determinar los precios». «Pero, si son bajos, la única herramienta que tienen las empresas es no acudir a los concursos», replica respecto de los que quedan desiertos. Dice Dámaso Castejón que éstos han sido «muy pocos en los últimos 15 años». Y si los operadores aéreos no se presentan es por culpa de los bajos precios y porque ahora sí hay mercado internacional para los españoles: «No tienen aviones [con los que concursar] porque los tienen en el extranjero». Unas 60 o 70 aeronaves españolas trabajan ahora en otros países, calcula.

De hecho, según resalta, en Portugal, Grecia, Turquía o Francia los precios de los contratos duplican los españoles y las condiciones –que repercuten en el precio– también son mejores. Ya hay empresas españolas que consiguen el 20% o 30% de su negocio en el exterior, apunta. El responsable de Ataire reconoce que tanto el ministerio como las comunidades autónomas han subido los presupuestos de las licitaciones, pero aun así siguen por debajo de los precios europeos.

Ataire se desliga del pacto que dio lugar al cartel del fuego y dejó desierto un concurso para inflar su precio: «Es una historia de hace muchos años, pendiente además de que el Supremo la confirme». Ahora la patronal aérea se dedica a analizar los pliegos de los concursos públicos –»todos son impugnables»–, pero sólo recurre aquéllos cuyas condiciones «no tienen lógica» y, a su juicio, se oponen a las normas aeronáuticas y de contratación. Pero no recurre jamás los precios, matiza su secretario general, quien confiesa que no le gusta presentar recursos porque «retrasan las adjudicaciones». No obstante, dice que Ataire ha ganado un 40% de los que ha interpuesto, «en las comunidades autónomas, sobre todo». «Intentamos no recurrir, en realidad. Enviamos primero una carta al órgano de contratación, lo que, a veces, da resultado».

Publicado en: Público