La Vuelta, además de un histórico evento deportivo, es un buen negocio. Unipublic, la empresa organizadora, se fundó en 1975 y ya en 1979 fue la encargada de gestionar la Gran Vuelta Ciclista a España. Entonces bajo la dirección de los hermanos Enrique y Eduardo Franco y de Felipe Sainz de Trápaga, vivió años de oro que la pusieron en el punto de mira de Atresmedia, que compró Unipublic por 42 millones de euros en 2005. Tres años más tarde, la cadena propietaria de Antena 3 y La Sexta vendió el 49% de la empresa a la sociedad francesa S4A SAS, del grupo Amaury Sport Organisation (ASO). Organizador del Tour de Francia y el rally París-Dakar, además de propietario del primer periódico deportivo francés, L’equipe, y del diario Le Parisien, sus dueños al 100% son la familia Amaury, una de las más ricas de Francia.
ASO, que en 2024 facturó 375 millones de euros, es el accionista único de Unipublic desde 2013, cuando se hizo con el resto de la participación de Atresmedia en la compañía española. ASO es un conglomerado de empresas que el año pasado ganó 131,15 millones de euros y que cuenta con siete filiales en Francia y cinco en el extranjero: en Noruega –Artic Raceo of Norway–, en Reino Unido –Human Race GRP-ASO Limited–, en Alemania –ASO Germany GmbH– y la española Unipublic, además de una participación del 60% en una UTE en Mallorca y una participación menor en Peter Auto, que organiza carreras de coches clásicos como Le Mans Classics.
De forma que ASO también tiene una operativa financiera especial. Según consta en las últimas cuentas que el grupo de la familia Amaury ha depositado en el Registro Mercantil francés y Unipublic en el español, ASO tiene una gestión centralizada de tesorería: todas las filiales transfieren sus fondos a Amaufi, una sociedad sin personalidad jurídica cuya gestión está a cargo de otra, Amaury Investissements. Esta última no sólo administra los excedentes de tesorería que le envían las filiales –incluida Unipublic–, sino que también distribuye entre ellas las ganancias generadas por las inversiones que hace con ese dinero.
En las cuentas de Unipublic se explica que Amaury Investissements invierte ese dinero en sociedades de inversión de capital variable (sicav) domiciliadas en paraísos fiscales, aunque no precisa en cuáles. Pero sí revela que la Ley del IRPF le obliga a imputar los beneficios de esas inversiones en su base imponible. En efecto, el artículo 95 de esa ley establece que los contribuyentes que participen en instituciones de inversión colectiva, como las sicav, constituidas en paraísos fiscales deben incluir en su base imponible –el importe bruto sobre el que se aplica un impuesto– la diferencia positiva entre el valor de su participación al día de cierre del período impositivo y el valor por el que la adquirió.
Como una parte significativa de los ingresos de Unipublic procede de patrocinios de las administraciones, el resultado es que dicha sociedad utiliza dinero de procedencia pública para invertir en paraísos fiscales.
Las inversiones de Amaury en esas sicav han sido lucrativas. En 2024, generaron para Unipublic unos ingresos de 2,29 millones de euros. En 2023, 1,49 millones. Esos beneficios son abonados a cada filial en proporción a sus aportaciones a la cuenta centralizada de tesorería. Es lo que en la jerga financiera se conoce como cash pooling, un contrato que Unipublic firmó en 2018. Desde entonces, el saldo que la filial española se apunta en sus cuentas por este concepto asciende a 67,64 millones de euros.
Subvenciones y patrocinios públicos
Unipublic facturó en 2024 un total de 34,6 millones de euros, de los que el 46,7% procedía de su negocio en España. Y tuvo unos beneficios de 11,51 millones: los ha más que duplicado desde 2019, cuando ganó 5,01 millones. Buena parte de sus ingresos son dinero público. Sólo en lo que ha transcurrido de 2025, ha firmado al menos 25 contratos de patrocinio con administraciones públicas, según consta en la Plataforma de la Contratación del Estado. Su importe total asciende a 4,74 millones de euros. También ha recibido una subvención de un millón de euros del Consejo Superior de Deportes, un organismo público que depende del Ministerio de Educación, para financiar los gastos de organización de La Vuelta a España Femenina. La misma cantidad que percibió para idéntico fin en 2023, según figura en las cuentas de Unipublic. Además, el Gobierno de Aragón le concedió otros 80.000 euros el año pasado para que organizara varias etapas de La Vuelta a España Femenina en esa comunidad autónoma.
Público ha preguntado a Unipublic si dispone de algún sistema o mecanismo de control para impedir que ese dinero público termine en inversiones en paraísos fiscales. Un portavoz de la empresa contestó que no podía responderlas porque «son preguntas muy técnicas».
Las preguntas «muy técnicas» que Unipublic no responde
Público envió a Unipublic dos preguntas después de analizar las cuentas de los dos últimos ejercicios que la empresa depositó en el Registro Mercantil. Unipublic no las ha contestando alegando que eran «muy técnicas». Son éstas:
1.- En la nota 8, las cuentas mencionan a la sociedad Amaury Investissements, que se encarga de la «administración conjunta y centralizada de las posiciones de efectivo de todas las compañías del grupo, así como de la distribución entre sus miembros de las ganancias y pérdidas ocasionadas por la administración de esos fondos, en las condiciones fijadas por el acuerdo de administración de efectivo». En el ejercicio de 2023, Unipublic incluyó 1.498 miles de euros de ingresos procedentes de los créditos generados por las inversiones que gestiona esa sociedad.
En la nota 13.2 se explica que Amaury Investissements invierte los excedentes de tesorería enviados por las empresas del grupo en sicav «depositadas en territorios que tienen la consideración de paraíso fiscal», por lo que las ganancias de esas sicav debe imputarlas fiscalmente en su base imponible, en cumplimiento del artículo 95 de la Ley 35/2006.
Además, Unipublic hace constar que recibió en 2023 una subvención del Consejo Superior de Deportes (CSD), un organismo público, por importe de un millón de euros, para financiar los gastos de organización de La Vuelta a España Femenina. También firma numerosos contratos de patrocinio con comunidades autónomas y ayuntamientos.
1. ¿Tiene Unipublic algún tipo de sistema o mecanismo de control para impedir que el dinero procedente de esas adjudicaciones públicas termine en inversiones en paraísos fiscales?
2.- También querríamos saber la cuantía de esos patrocinios, desglosados por entidad pública. O al menos queremos pedirles una cifra global del dinero que ha recibido Unipublic de las administraciones públicas españolas, italianas, holandesas y portuguesas (ya que La Vuelta lleva desde 2022 arrancando fuera de España).
Publicado en: Público
