A la espera de que Ricardo Conde Díaz (Madrid, 1964), promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), decida concluir su investigación preliminar de las cuatro quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado, la pasada semana recibió un llamativo varapalo: la Comisión Permanente del CGPJ no ha aceptado su propuesta de archivo respecto a las diligencias informativas abiertas de oficio por unas expresiones del juez Manuel Ruiz de Lara en su cuenta de X, el pasado 14 de diciembre. El polémico magistrado acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ejercer el «golpismo»; días después se burló en la misma red social de Begoña Gómez al llamarla «Barbigoña».
No era la primera vez que Conde, que lleva en el cargo desde septiembre de 2017, salvo los últimos cuatro meses de 2024, a raíz de la renovación del CGPJ, proponía exonerar de una investigación interna a Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil Número 11 de Madrid, muy activo en redes sociales. «Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa»: este mensaje del juez en X, en noviembre de 2023, acabó sin sanción.
A la espera de que Ricardo Conde Díaz (Madrid, 1964), promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), decida concluir su investigación preliminar de las cuatro quejas presentadas contra el juez Juan Carlos Peinado, la pasada semana recibió un llamativo varapalo: la Comisión Permanente del CGPJ no ha aceptado su propuesta de archivo respecto a las diligencias informativas abiertas de oficio por unas expresiones del juez Manuel Ruiz de Lara en su cuenta de X, el pasado 14 de diciembre. El polémico magistrado acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ejercer el «golpismo»; días después se burló en la misma red social de Begoña Gómez al llamarla «Barbigoña».
No era la primera vez que Conde, que lleva en el cargo desde septiembre de 2017, salvo los últimos cuatro meses de 2024, a raíz de la renovación del CGPJ, proponía exonerar de una investigación interna a Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil Número 11 de Madrid, muy activo en redes sociales. «Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho, para permanecer en Moncloa»: este mensaje del juez en X, en noviembre de 2023, acabó sin sanción.
El Promotor de la Acción Disciplinaria argumentó que no podía comprobar si el texto lo escribió Ruiz de Lara porque este lo borró, pese a la existencia de capturas de dicho mensaje.
La Comisión Permanente, en un primer momento, le instó a abrir un expediente disciplinario, tras el que Ricardo Conde propuso de nuevo archivar, a lo que accedió finalmente la Comisión Disciplinaria del CGPJ, en junio de 2024. Era entonces el antiguo CGPJ, con una aplastante mayoría conservadora. Ahora, el vigente Consejo, con un empate nominal entre conservadores y progresistas, cree que el asunto merece más investigación y ordena a Conde a seguir con la misma.
Cuatro meses sin resolver sobre las quejas
El Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ es el encargado de instruir los procedimientos de investigación interna ante quejas contra jueces, primero con unas diligencias informativas y si percibe indicios de posible comisión de infracción por parte del juez denunciado, se abre un procedimiento disciplinario que concluye con la propuesta del Promotor de archivar o sancionar por falta grave o muy grave. La acción sancionadora corresponde a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, no al Promotor. No hay plazo para concluir unas diligencias informativas. Para los expedientes disciplinarios, el plazo es de un año, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El CGPJ ha abierto diligencias informativas ante cuatro quejas que le llegaron entre el 4 de junio y el 16 de julio pasado contra el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, en relación a dos asuntos judiciales: la instrucción de la causa contra Begoña Gómez y el procedimiento archivado por presunta malversación contra un alto cargo del equipo del alcalde Almeida por un contrato a la editora de Okdiario.
Ricardo Conde no ha encontrado tiempo para resolver las quejas contra Peinado en estos cuatro meses. Según las funciones atribuidas al promotor de la Acción disciplinaria, si las diligencias informativas incoadas ante una queja presentada contra un juez arrojara indicios de presunta comisión de infracciones, se abriría un expediente disciplinario que podría dar lugar a sanciones.
16 años sin dictar sentencia
El juez Ricardo Conde, de la promoción de 1990, dejó de dictar sentencias en 2001, cuando fue fichado como asesor en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, en el Gobierno de José María Aznar. Quien ostentaba el cargo de director general era Carlos Lesmes, que en 2013 accedería a la cúpula del Poder Judicial, siendo el presidente del Supremo y del CGPJ que más tiempo ha permanecido en el cargo.
Ricardo Conde permaneció con Lesmes hasta 2004, siendo ministro de Justicia José María Michavila, y participó en la reforma de 2003 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que menos consenso ha cosechado, pese a que mediaba en aquel momento un pacto por la Justicia entre el PP, que gobernaba, y el PSOE. El partido de Aznar llevó al Congreso un proyecto que solo contó con sus votos y los de Coalición Canaria. Fue una reforma restrictiva con los jueces y las juezas sustitutos, por ejemplo, a los que prohibía asociarse. El mandato de los presidentes de Sala de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores se acotó a cinco años y además se reglaba como falta grave el uso de expresiones «improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas e irrespetuosas en las resoluciones judiciales».
Sin embargo, pese a haber trabajado personalmente en la reforma de este tipo disciplinario para los jueces, Ricardo Conde no apreció esa conducta en el magistrado Ricardo González, que en su voto particular en la sentencia condenatoria para los miembros de la La Manada de Pamplona abogaba por la absolución de los acusados, denigrando a la víctima, al indicar que en el vídeo de la violación se aprecia su «excitación sexual». Además decía: «No puedo interpretar en sus gestos, ni en sus palabras (en los que me han resultado audibles) intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna clase». Y continuaba: «Y sí de una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos, y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante».
El promotor archivó de plano la denuncia que la organización feminista Women’s Link Worlwide presentó en abril de 2018 contra Ricardo González. El argumento de Conde fue que el CGPJ no podía actuar de oficio por expresiones ofensivas en resolución judicial si no mediaba, en ese caso, un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), que no se había producido.
Magistrado honorífico del Supremo
En septiembre de 2017 el CGPJ le nombró promotor de la Acción Disciplinaria, un cargo con mucho poder, y con rango de magistrado honorífico del Supremo mientras dure el nombramiento. El presidente del Consejo era Carlos Lesmes. Por aquel entonces, Ricardo Conde estaba afiliado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), como consta en un boletín digital de la época.
Conde lleva 16 años en cargos del Gobierno y del propio Consejo General del Poder Judicial, que en 2010 lo nombró jefe de sección del Servicio de Formación Continua del CGPJ.
Con la renovación del CGPJ, tras cinco años y medio de retraso, en junio de 2024, Conde cesó como Promotor de la Acción Disciplinaria y con el nuevo Consejo volvió a salir elegido en diciembre del año pasado. Y lo hizo por unanimidad. El sector progresista avaló su nuevo nombramiento. Unas fuentes del sector progresista explican que el voto favorable a Ricardo Conde se debió a que «fue la única candidatura que se presentó»; mientras que otras fuentes del mismo sector especifican a que la repetición en el cargo de este magistrado se debió al «pacto» entre conservadores y progresistas.
El PCE y los nazis
En el caso del magistrado José Luis Concepción, expresidente del TSJ de Castilla y León, que comparó al Partido Comunista de España (PCE) con el partido nazi en una entrevista en Diario de Burgos, Conde se abstuvo en las diligencias informativas por la amistad con el magistrado denunciado. Su sustituto propuso, en julio de 2022, el archivo al considerar que Concepción no invocó su condición de juez cuando vertió su «opinión personal» sobre un determinado partido político pero no lo hizo contra ninguna de las personas o colectivos sobre los que la ley le impediría hacerlo. Es decir, corporaciones, funcionarios y cargos públicos.
Era la segunda vez que Concepción se quedaba sin reproche por sus declaraciones contra partidos de izquierdas, en concreto, contra el PCE. En abril de 2021, el CGPJ también le exoneró por haber manifestado en una cadena de televisión: «Yo creo que la democracia en España se pone en solfa desde que el Partido Comunista… forma parte del Gobierno».
Publicado por: Público
