El juez Juan Carlos Peinado ha cumplido este sábado 71 años. Le queda exactamente un año para alcanzar la edad máxima que prevé la ley para la jubilación obligatoria de los jueces. Popularidad tiene de sobra tras su polémica instrucción de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, pero además podría despedirse de la judicatura con los deshonores que implicarían unas hipotéticas sanciones si el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considerara que ha cometido infracciones graves.

El CGPJ ha abierto diligencias informativas ante cuatro quejas que le llegaron entre el 4 de junio y el 16 de julio pasado contra el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, en relación a dos asuntos judiciales: la instrucción de la causa contra Begoña Gómez y el procedimiento archivado por presunta malversación contra un alto cargo del equipo del alcalde Almeida por un contrato a la editora de Okdiario.

Dos de las quejas proceden del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el marco de su declaración como testigo en la causa de Begoña Gómez y la posterior exposición razonada elevada al Tribunal Supremo. Las otras dos están firmadas por la portavoz del grupo municipal Más Madrid, Rita Maestre, y el diputado del PSOE por Madrid Guillermo Hita, ante lo que consideran un error de Peinado que ha favorecido el archivo de una causa contra el ayuntamiento de la capital. Este parlamentario socialista, en declaraciones a Público, urge al CGPJ a resolver este asunto «cuanto antes».

Las quejas de Bolaños

El pasado 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado interrogó como testigo a Félix Bolaños, en su despacho del Palacio de la Moncloa, en el marco de la investigación de la pieza separada por el delito de malversación por la que propone ahora que Begoña Gómez sea juzgada. El interrogatorio fue largo y muy tenso, como pudo constatar Público, debido a las cortantes interrupciones y reproches que sufrió el ministro por parte del magistrado, que se empeñaba en señalarle como el responsable de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez. 

Pese a que Bolaños demostró no ser el responsable y además probó que la contratación fue conforme a derecho y en los mismos términos que los asesores que estuvieron a disposición de las cónyuges de los anteriores presidentes del Gobierno, Peinado pidió al Tribunal Supremo la imputación del ministro por falso testimonio y por el presunto delito de malversación, según su tesis de que la asesora fue contratada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para realizar funciones de carácter «estrictamente privado» al servicio de Begoña Gómez, en relación a su cátedra en la Universidad Complutense.

Pero el Supremo rechazó, el 15 de julio pasado, las pretensiones del juez Peinado al no detectar «ni un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal contra el mismo».

El ministro interpuso la primera de sus quejas en el CGPJ el 4 de junio y la segunda, el 29 de julio. En ellas informaba sobre las posibles «irregularidades» cometidas por el juez Peinado y pedía que el órgano disciplinario de los jueces «depure las responsabilidades que se puedan derivar de las irregularidades». Se refiere el titular de Justicia a los reproches del juez durante el interrogatorio, que incluso le espetó: «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa«. La segunda queja se refería al presunto delito de falso testimonio que le quiso imputar a Bolaños en base a lo ocurrido en el interrogatorio.

Este mismo viernes, Bolaños ha pedido al CGPJ que actúe con «agilidad y resuelva cuanto antes» sus quejas, «para preservar el buen nombre de la Justicia en nuestro país»;  lo ha pedido ante los medios en Bilbao, a donde ha acudido para la inauguración del año judicial. 

Pero no hay fecha a la vista para la resolución de estas quejas, ante las que el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ ha abierto diligencias informativas. Desde el órgano se comunica a este diario de que no hay plazos establecidos. Se indica además que no es posible informar en estos momentos sobre si las quejas de Bolaños se han acumulado en unas únicas diligencias informativas, al tratarse de hechos similares.

«Desatención inexcusable» 

Las otras dos quejas sí que se han acumulado en unas únicas diligencias, las 447/2025, según ha podido saber este diario. Se trata de la impulsada por Más Madrid, principal partido de la oposición municipal, firmada por su portavoz, Rita Maestre, y presentada el pasado 3 de julio contra Peinado por «dejación de deberes». Esta queja fue admitida cinco días después. Y de la queja firmada por Guillermo Hita, diputado socialista por Madrid, presentada el 16 de julio, en nombre del Partido Socialista de Madrid.

Ambas denuncias se refieren al procedimiento judicial contra Alfonso Sánchez Vicente, gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y alto cargo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por supuesta malversación en la adjudicación de un contrato a Okdiario para que organizara por 72.600 euros unas charlas sobre movilidad sostenible. El caso fue finalmente archivado por un presunto error del  juez Peinado, que instruía la denuncia de Podemos y Más Madrid.

La acusación popular había solicitado la prórroga de la instrucción, pasados los doce meses iniciales, así como la práctica de diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos. «A mayor abundamiento, se hace necesario recalcar que la propia la Fiscalía, en fecha 17 de enero de 2025, se mostró conforme con la prórroga de la instrucción solicitada», recuerda la queja registrada por el partido de Rita Maestre y a la que ha tenido acceso Público.

A pesar de la petición de prórroga, Peinado no dictó resolución alguna al respecto. Si bien, el 2 abril de 2025, «ahora sí, y clamorosamente fuera de plazo», dictó auto en el que prorrogaba la instrucción seis meses, pero la resolución fue recurrida por las defensas de los investigados y la Audiencia Provincial de Madrid estimó sus recursos y dejó sin efecto la prórroga por estar fuera de plazo. 

En su queja, Más Madrid recuerda que el juez tiene «la obligación de velar por la correcta tramitación de la causa, lo que incluye la solicitud y/o concesión de prórrogas cuando sean necesarias para garantizar la investigación completa». Esta actuación, a su parecer, ha causado «graves perjuicios a la investigación y acusaciones personadas y un claro favorecimiento a las defensas de los investigados, al impedir seguir investigando y, en consecuencia, llevar a cabo diligencias de investigación para un completo esclarecimiento de los hechos y una correcta imputación a los presuntos autores de los hechos denunciados».

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si un juez «no acuerda una prórroga cuando es necesaria y esto causa perjuicio», puede ser objeto de un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial. 

Suspender a Peinado seis meses

Tanto Más Madrid como el PSOE destacan en sus quejas, agrupadas el pasado 9 de septiembre en un único expediente, «la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales», lo que califican de  «falta grave».  «Estimamos por todo lo anterior que los hechos descritos podrían suponer una desatención inexcusable, por falta de resolución fundada en la solicitud de prórroga efectuada por las acusaciones populares y secundada por el ministerio Fiscal, que debió resolverse antes del 27 de enero de 2025, y por ello constituye una actuación constitutiva de infracción, y por ello sancionable», consta en la queja de Guillermo Hita, a la que ha podido acceder este diario.

También Más Madrid solicita la adopción de «medidas disciplinarias que correspondan» frente al juez, así como la adopción de la medida cautelar de suspensión provisional por seis meses al juez Peinado al frente de su juzgado. 

Según las funciones atribuidas al Promotor de la Acción disciplina del CGPJ, si las diligencias informativas incoadas ante una queja presentada contra un juez arrojara indicios de presunta comisión de infracciones, se abriría un expediente disciplinario que podría dar lugar a sanciones.

Publicado en: Público