El modus operandi es prácticamente el mismo en casi todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, y La Rioja no es una excepción. El Gobierno de Gonzalo Capellán incluye en su proyecto de presupuestos para 2026, un nuevo aumento de 800.000 euros en las partidas destinadas a privatizaciones en el sector sanitario. 

La voz de alarma la ha dado el Partido Socialista, que acusa al Ejecutivo de sumar cada vez más contratos con empresa privadas. «María Martín lleva ya seis años al frente de la consejería de Salud, y lo que crece bajo su mandato no es el número de quirófanos, ni de plantillas médicas, lo único que crece, y mucho, son las externalizaciones”, denuncia el diputado regional Miguel González de Legarra.

Falta de transparencia sobre las listas de espera

Los socialistas también critican «la opacidad y la falta de transparencia» de Martín y la administración autonómica respecto a la listas de espera, algo que «no es casual», aseguran, sino que responde a «una estrategia deliberada de ocultación de información pública por parte del Ejecutivo del PP”. «Esto, en algo tan sensible como la sanidad, es realmente gravísimo”, exponen, subrayando que “seguimos sin conocer la realidad de los días de espera que se están produciendo en la sanidad pública riojana”.

«En estos momentos, ni los diputados, ni los propios ciudadanos podemos saber la verdad porque la consejería de Salud no responde a las preguntas parlamentarias que presentamos, ni  entrega la documentación que le pedimos”, lamenta González de Segarra, que sostiene que que no se hagan públicos los datos les lleva a pensar que «las listas de espera no se están reduciendo”. 

En este contexto, recuerda que “ya ni siquiera se publican los datos en Portal de Información Sanitaria del Gobierno de La Rioja (SERIS), como siempre se había hecho”, pues en él solo figuran los del segundo semestre de 2024. «Ya hemos visto demasiadas veces que cuando las cifras no cuadran, las borran o las cambian. Y, si hace falta, las cuadran a martillazos”, recalca. 

Asimismo, este diputado socialista acusa al Ejecutivo regional de ocultar «la memoria de la Defensora del Usuario de la Sanidad Pública», en la que se recogen las quejas, reclamaciones y casos reales de los pacientes, y asevera que les consta que esta «se entregó a los responsables de la consejería el 31 de marzo”. «Hoy, a mitad de octubre, la consejera María Martín la sigue manteniendo escondida en un cajón”, relata. 

Desde esta formación, por tanto, exigen al Gobierno de Capellán que publique «de inmediato los datos» de todas las listas de espera del primer semestre de 2025 en el portal de transparencia del SERIS, así como que haga pública la Memoria de la Defensora del Usuario, a lo que añaden también que «contrate una auditoría externa e independiente para conocer el estado real de las listas de espera”. 

Retrasos en los resultados de las pruebas radiológicas

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de esta comunidad autónoma pone el foco en la privatización parcial del servicio de radiología y el retraso que acumulan este tipo de pruebas de las que dependen, en gran medida, los diagnósticos y los correspondientes tratamientos. En este sentido, han recordado que son una «herramienta imprescindible para confirmar qué tipo de patología padecemos y que los profesionales sanitarios recurren a ellas para asegurar el diagnóstico», por lo que la tardanza puede acabar generando  «complicaciones imposibles de predecir».

Este servicio ya estuvo privatizado, en concreto desde el año 2004 y hasta que llegó a la administración el Gobierno de coalición liderado por Concepción Andreu, que lo volvió a integrar en el servicio público. Sin embargo, con el regreso de los ‘populares’ al Ejecutivo, se ha vuelto a poner, de forma parcial, en manos privadas alegando falta de personal.  La empresa ATRYS se encarga ahora de la interpretación de los estudios radiológicos y de la elaboración de los informes. 

El resultado, lamentan desde esta entidad, se traduce «demoras desesperantes«, que generan «una inquietud manifiesta». Por todo ello, la Plataforma ha solicitado un informe, apelando a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja, con los datos de la “plantilla real” de radiólogos del Servicio Riojano de Salud y de los contratados por otros organismos y los retrasos existentes, en días, para realizarse una prueba o recibir el informe. Reclaman también información sobre cómo afecta eso a los diagnósticos, sobre los contratos que la administración regional tiene suscritos con las empresas dedicadas a la radiología y el radiodiagnóstico y sobre el coste económico de los mismos. 

Publicado por elPlural.com