Madrid amaneció este jueves sacudida por la publicación de una información que sitúa al Partido Popular de Madrid en el centro de la polémica. Según actas internas difundidas por El País, la dirección regional del PP habría presionado para frenar una denuncia por acoso sexual contra Manuel Bautista en 2022, cuando aún no era alcalde de Móstoles. Los hechos se conocieron oficialmente en el partido en 2024, ya con Bautista al frente del consistorio, sin que se adoptaran entonces medidas cautelares.

De acuerdo con la documentación publicada, Ana Millán —mano derecha de Isabel Díaz Ayuso— y Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, habrían actuado como intermediarios con la denunciante para disuadirla de acudir a la vía judicial. Frases como “una denuncia pública te perjudicaría” o “protegerte es no hacer nada” forman parte de las presiones que, según el entorno de la afectada, se produjeron durante esas reuniones. El Partido Popular ha declinado responder a las preguntas formuladas sobre estas afirmaciones.

La denunciante, exconcejala del PP, abandonó el partido y el Gobierno municipal en octubre de 2024. Fue entonces cuando comenzaron a trascender rumores sobre una mala relación con el alcalde. Trabajadores del Ayuntamiento de Móstoles aseguran que existían comentarios sobre comportamientos inapropiados, pero que nadie dio un paso al frente mientras la afectada no hiciera pública la denuncia. La mujer había solicitado expresamente preservar su anonimato, aunque algunos medios publicaron su identidad, lo que su entorno considera una exposición no deseada.

En una breve comparecencia, Manuel Bautista descartó dimitir y calificó las acusaciones de “falsas”, si bien reconoció que el asunto llegó al Comité de Derechos y Garantías Nacional del PP. “No hay una acusación como tal porque no se ha explorado la vía judicial”, sostuvo el alcalde, quien añadió que una información periodística “no es suficiente para tomar decisiones”.

Desde la dirección nacional y regional del PP, las reacciones han sido de cierre de filas. Alberto Núñez Feijóo restó importancia al caso y sugirió que la publicación de la información coincidía de forma “casual” con la comparecencia del exdirigente socialista Paco Salazar en el Senado. Isabel Díaz Ayuso, por su parte, calificó el asunto de “caso fabricado contra el PP” y se reivindicó como víctima durante el pleno de la Asamblea de Madrid.

La versión oficial del partido sostiene que en febrero de 2024 se recibió un escrito que denunciaba “estrictamente discriminaciones laborales” y que, al no aportarse pruebas, el Comité de Garantías archivó el caso en abril de 2025. Sin embargo, el propio escrito enviado por la denunciante, publicado por El País, habla explícitamente de “acoso sexual”, lo que contradice las declaraciones posteriores de Alfonso Serrano negando que se tratara de una denuncia de ese tipo.

El PSOE ha elevado la presión política y exige dimisiones inmediatas. Tanto la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, como el secretario general del PSOE madrileño y ministro Óscar López han reclamado explicaciones a Feijóo y Ayuso. López calificó el caso de “extrema gravedad” y comparó la actuación del PP con la respuesta del PSOE en otros episodios similares: “Cuando hay indicios, el PSOE actúa desde el minuto uno. El PP encubre”, afirmó.

Pese al escándalo, la situación política en Móstoles permanece bloqueada. Ningún grupo ha iniciado una moción de censura contra Bautista, en un contexto marcado por la ruptura de relaciones entre PP y Vox y la mala sintonía entre PSOE y Más Madrid. La falta de una mayoría alternativa hace inviable, por ahora, un cambio de gobierno municipal.

El caso reabre el debate sobre la gestión interna de las denuncias de acoso en los partidos políticos y el uso del discurso feminista como arma política. Mientras tanto, el alcalde de Móstoles y la dirección del PP madrileño continúan en sus cargos, a la espera de que la polémica tenga —o no— consecuencias políticas.