El Presidente del Gobierno, en la comentada entrevista en TVE con Pepa Bueno, afirmó, poniendo énfasis en la frase, que: la inmensa mayoría de la judicatura cumple con las funciones que le encomienda la Constitución y las leyes y que algunos jueces hacen política. Solo desde la más furibunda y visceral argumentación política se puede decir que ha realizado un intolerable ataque a la independencia del Poder Judicial.
Existen datos irrefutables que confirman la participación de algunos jueces en la operación de acoso y derribo iniciada por la oposición política y mediática e intensificada a partir de las elecciones de 2023. La derecha confiaba en que el resultado electoral les daría acceso a La Moncloa. No fue así. Pedro Sánchez el 16 de noviembre de 2023 es investido Presidente con 179 votos a favor y 171 en contra.
Las fechas y los acontecimientos judiciales son un reflejo de la implicación de algunos jueces en la campaña política. Comencemos por la causa abierta por el Sr. Peinado (me resisto a llamarle juez) contra Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno. En octubre de 2020, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) otorgó la Cátedra de Transformación Social Competitiva y un máster del mismo título a Begoña Gómez Fernández, acogiéndose al Reglamento de fecha 15 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la creación de cátedras extraordinarias y otras formas de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y las empresas.
Desde octubre de 2020 hasta abril de 2024, la Cátedra funcionó con normalidad y sin incidencias corporativas ni judiciales. Sorpresivamente, el 16 de abril de 2024, el Sr. Peinado, abrió unas Diligencias penales sin más fundamento que unos recortes de prensa por los posibles delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. La querella incurría en un clamoroso fraude de ley, ya que no reunía los requisitos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, el grupo de extrema derecha Manos Limpias y asociados, los «guardianes del orden y la ley», han permanecido impasibles, durante cuatro años, ante un «horrendo crimen» que había permanecido «impune» durante tan largo periodo de tiempo.
La actuación procesal del Sr. Peinado merecería un pequeño opúsculo pero solo vamos a destacar algunas de sus excentricidades, por denominarlas suavemente.
Es el único juez, en toda la historia de la judicatura española, que decide entrar, sin causa, fundamento ni motivo, en la sede del Poder Ejecutivo para preguntarle al Presidente si era el esposo de Begoña Gómez. Menos mal que no le pidió el certificado de matrimonio. Entusiasmado con la idea de sentirse Presidente por unas horas. Repitió el numerito para interrogar al Ministro de la Presidencia y de Justicia Félix Bolaños sobre la persona que había nombrado a la funcionaria que asistía en sus funciones a la esposa del Presidente. Era fácil de obtener el dato por otros medios. El ridículo espectáculo de la tarima es lo suficientemente expresivo como para ahorrarme cualquier comentario. La última decisión de pedir todos los correos electrónicos, que haya podido enviar o recibir Begoña Gómez desde 2018, merece la apertura de un expediente disciplinario, por su absoluta falta de justificación y por suponer un atentado a derechos fundamentales de la persona. Parece que el Consejo del Poder Judicial no tiene nada que comentar sobre esta decisión.
En el caso del hermano del Presidente, los hechos se retrotraen al 17 de mayo de 2017, cuando el pleno de la Diputación Provincial de Badajoz propone la cobertura del puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, haciendo referencia a su necesidad y urgencia. El Juzgado de Badajoz abre Diligencias penales el 30 de mayo de 2024, una vez más, a instancias de los «guardianes de la ley y el orden». Hay que reconocer que la jueza no ha realizado ninguna actuación extravagante y ha actuado con la celeridad que exige la ley, pero no sé si es consciente de que ha transformado una cuestión contencioso-administrativa, que podía haber ejercitado los aspirantes postergados, en un inexistente hecho delictivo.
Para abreviar, las diligencias abiertas al Fiscal General del Estado, que van a desembocar en un juicio oral, tergiversan la realidad de lo acontecido. Solo reaccionó cuando se publicó la noticia, procedente del Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, afirmando que el Fiscal del caso había ofrecido una conformidad «al ciudadano particular» Amador González y que el Fiscal General se había opuesto. Ante esta gravísima imputación, reacciona con una nota desmintiendo la falsedad de la noticia. Todo lo demás es falso y carece de sustento probatorio, como apunta certeramente, el voto disidente del Magistrado Palomo del Arco.
El lector podrá juzgar si el Presidente del Gobierno tenía razón cuando afirmaba que algunos jueces hacen política.