La mañana de este jueves, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana convocaba en Madrid a las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial. Con un objetivo sobre la mesa: aterrizar el feedback de los gobiernos regionales para el futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, acudía a la cita sacando pecho en torno a una de las reivindicaciones centrales del plan: la promoción y el blindaje del parque público de vivienda. «Partíamos esta legislatura con un parque de vivienda que representaba el 2,5% y hemos conseguido superar ya la barrera del 3,4%, con ese 8% de la media europea en mente», exponía la política socialista. Una meta para la que el ministerio presume de no escatimar en recursos. 2,8 millones de euros. El 40% de la financiación del plan.
Al mismo tiempo y en la misma ciudad, un grupo de inquilinos interrumpía una subasta. Un concurso con otro anfitrión público. La Tesorería General de la Seguridad Social. «Hoy estamos aquí para denunciar públicamente la subasta de nuestras viviendas y para exigir que todas las viviendas de la Tesorería se mantengan en el parque público y pasen a ser viviendas en alquiler social permanente«, leía en voz alta un portavoz de los vecinos. «Desokupa, desokupa», coreaban mientras tanto los postores reunidos para la subasta. Entre insultos y amenazas, los vecinos eran finalmente escoltados fuera del edificio. Y la venta continuaba su curso.
"Mucho anuncio, pero a la hora de la verdad no les tiembla el pulso para sumarse al negocio de los especuladores"
Dos caras de la misma moneda. «No entendemos cómo pueden coexistir las dos posturas dentro de un único gobierno. Cómo puede conjugarse la venta de vivienda propiedad de la Tesorería con el discurso del ministerio sobre la protección y la promoción del parque público», denuncia en conversación con Público Pablo Pérez, representante del Sindicato de Inquilinas de Madrid. «Nos parece un escándalo, una incongruencia total», amplia Pérez. Una muestra más de la hipocresía gubernamental. «Muchos anuncios, pero a la hora de la verdad no les tiembla el pulso para sumarse al negocio de los especuladores. Y haciendo uso de aquello que dicen defender: la vivienda pública», sentencia el activista.
Un negocio con el que arrastran a decenas de víctimas. Sus inquilinos, 28 familias. «Fue en abril del año pasado. Un día nos llegó una carta de la Tesorería diciendo que teníamos que dejar el piso porque lo iban a vender», hace memoria Lourdes, vecina de Fernando el Católico, 12. Catorce años después de entrar a vivir en el que es su hogar, tenía que abandonarlo. Sin ninguna alternativa. O con una poco realista. Comprar el piso. «Es una casa vieja, de unos 70 metros, por la que, después de la tasación, me exigían 479.000 euros», asegura la inquilina. Toda una ganga en comparación con los precios que la entidad ha ofrecido a algunos de sus vecinos. Por encima del millón de euros. «Somos familias trabajadoras. Es inasumible y lo saben», critican los afectados.
¿Qué hace la TGSS gestionando viviendas?
Tiene su historia. Año 2005, gobierno de Zapatero. El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) con la idea de ofrecer alquileres asequibles. Y fomentar con ello la emancipación juvenil. La sociedad comienza a funcionar, adquiere viviendas y cierra contratos de arrendamiento con múltiples familias. Año 2012, cambio de gobierno. El entonces Ministerio de Fomento, bajo el liderazgo de Ana Pastor, impulsa un plan de recortes que afecta a 27 entidades estatales. Efectivamente, también a la SPA. Sus viviendas se quedan en un limbo.
La titularidad recae, casi por casualidad, en la Tesorería General de la Seguridad Social, que nunca llega a asumir sus responsabilidades como casera. Ni obras de rehabilitación, ni mantenimiento de las zonas comunes, ni renegociación de los contratos. «En mi edificio, muchos pisos se quedaron como estaban, vacíos. Otros inquilinos se han acabado yendo con el tiempo. También quedan algunos con contratos de renta antigua, a los que no se puede echar, e incluso un par que consiguieron llegar a adquirir sus pisos», explica Lourdes. Quedó también una minoría que atestigua la existencia de la PSA. Un grupo de inquilinos con contratos de alquiler convencionales. De toda la vida. «El cambio de titularidad no tuvo ningún efecto en nuestros contratos, que se han ido renovando automáticamente año tras año», relata la inquilina. Con las actualizaciones del precio correspondientes al IPC. «Para cobrar sí que han estado. Ahora pagamos un 30% más», reprocha la vecina. Por encima de los 1.000 euros al mes.
"Además de que salen del circuito público, no los está comprando gente que los vaya a usar para vivir"
«Muy por debajo de los precios que se están viendo en nuestras zonas», puntualiza la vecina. Pacífico, Lavapiés, Quevedo, Chamberí. «Son barrios en el radar de todos los fondos e inversores, que, no nos equivoquemos, son los que se están acaparando las viviendas que vende la Tesorería», apunta, por su parte Pérez. Pasando de nutrir el parque público a alimentar el círculo de la especulación. Lo confirman las propias vecinas. Pisos parcelados y alquilados por habitaciones, estancias turísticas, reventas con un precio cada vez mayor. «No los está comprando gente que los vaya a usar para vivir. Es puro negocio. Un nuevo ejemplo de una administración pública comprando el marco y comportándose como un fondo buitre más», condensa el activista.
Desahucios invisibles
Lo de no prorrogar los contratos y amenazar a los vecinos con un desalojo tiene nombre: desahucios invisibles. Frente a las amenazas de la Tesorería, los vecinos han dicho basta. Sumándose a la herramienta estrella del Sindicato de Inquilinas. La estrategia Nos quedamos. «Calculamos que la TGSS administra unas 800 casas vacías. Y decide vender justo las nuestras«, recrimina Lourdes. «No nos vamos a marchar como si nada. Pelearemos por nuestros hogares, por nuestras vidas. Porque no nos parece normal que, habiendo tanta escasez de vivienda pública y tantas casas vacías, nos echen después de décadas cuidando nuestros pisos», sostiene la inquilina.
Han estado intentado negociar con la Tesorería. «Y con el Ministerio de Vivienda y el de Seguridad Social», matiza la vecina. Sin resultado. «Nos dicen que la Tesorería quiere enajenar estos bienes para sanear sus cuentas. Pero la vivienda no es un activo financiero del que obtener rentabilidad», denuncia Pérez. «No entendemos por qué un gobierno que habla de la creación de una Empresa Pública de Vivienda y de la necesidad de fomentar la vivienda pública no lo hace con las viviendas que de las que ya dispone», plantea el activista. «Tienen que elegir. O con el derecho a la vivienda o con las tácticas de la especulación«.
"La TGSS administra unas 800 casas vacías. Y decide vender justo las nuestras"
Público se ha puesto en contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como con el de Vivienda y Agenda Urbana, para preguntarles cuántos inmuebles de titularidad pública administra la TGSS, cuántos de ellos están habitados y cuáles se encuentran en proceso de subasta. También les ha preguntado por el motivo de estas ventas y por la posibilidad de valorar un traspaso de titularidad a la Entidad Pública Empresarial de Suelo. Por último, este diario ha querido saber si se ha ofrecido alguna alternativa residencial a las familias. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha obtenido respuesta.
Publicado por: Público
