El Ministerio de Justicia ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a convocar de forma inmediata el denominado cuarto turno de acceso a la carrera judicial, una vía reservada a juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia. El objetivo es paliar el déficit estructural de magistrados y cubrir una parte significativa de las 500 nuevas plazas que el Gobierno prevé crear a lo largo de 2026.

En un oficio remitido este miércoles al órgano de gobierno de los jueces, al que ha tenido acceso elDiario.es, el departamento que dirige Félix Bolaños recuerda que el CGPJ está legalmente obligado a convocar este proceso cada dos años. La última convocatoria se produjo en febrero de 2023, por lo que el plazo se encuentra vencido desde hace un año.

El movimiento del Ejecutivo se produce en un contexto de creciente tensión institucional. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, afirmó esta semana ante el rey Felipe VI que el plan del Gobierno para aumentar la plantilla judicial “no resuelve el problema de fondo” de la falta de magistrados. Bolaños respondió calificando el discurso de “político” y reprochó el “inmovilismo” de la cúpula judicial.

Un déficit histórico en el acceso por cuarto turno

La ley establece desde 1985 que una de cada cuatro vacantes en la categoría de magistrado debe cubrirse a través del cuarto turno, lo que equivaldría al 25% de las plazas. Sin embargo, en la práctica solo el 9% de los jueces en activo ha accedido por esta vía. El Gobierno cifra en 781 el déficit acumulado de magistrados que deberían haber sido nombrados mediante este sistema, mientras que el CGPJ rebaja esa cifra a 230.

Desde Justicia se considera que la activación del cuarto turno es clave para acelerar la incorporación de jueces ante las dificultades para ampliar otras vías de acceso. La ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado limita a 200 las plazas que pueden convocarse este año por el turno libre de oposición, el máximo permitido según las cuentas prorrogadas de 2023. Además, la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial sigue en tramitación parlamentaria, en un escenario marcado por la debilidad del Ejecutivo en el Congreso.

El reto de convertir plazas en jueces efectivos

Aunque el Gobierno confía en que las 500 nuevas plazas estén creadas administrativamente tras el verano, fuentes del proceso advierten de que la llegada efectiva de jueces a esos puestos no será inmediata. La adjudicación de destinos funciona como un “efecto dominó”, en el que los magistrados más veteranos optan primero a las nuevas plazas y las vacantes resultantes se van desplazando hasta llegar a las promociones más recientes. Según el Ministerio, este proceso no culminará hasta dentro de un año.

En una reciente reunión de la comisión mixta entre Justicia y el CGPJ, los vocales del órgano judicial reclamaron aumentar las plazas de la oposición de 2026, tomando como referencia una decisión similar adoptada en 2004. Sin embargo, los técnicos del Ministerio consideran que la ley actual no permite superar el límite de 200 plazas.

Un proceso más ágil que la oposición tradicional

Ante este escenario, el Ejecutivo defiende que potenciar el cuarto turno es la vía más rápida para cubrir vacantes, junto con la incorporación de jueces de las últimas promociones sin destino fijo y el recurso a jueces sustitutos. Entre 2014 y 2023 solo se convocaron 208 plazas por cuarto turno, frente a las 1.232 del turno libre, una diferencia que el Gobierno atribuye a un bloqueo sistemático del CGPJ.

El propio órgano judicial reconoce en documentación interna un déficit en la última década, aunque lo reduce a 88 plazas, y justifica su postura en la dificultad de reservar puestos durante largos periodos. No obstante, el acceso por cuarto turno resulta más ágil: tras un concurso de méritos y una formación de cuatro meses en la Escuela Judicial, los nuevos magistrados pueden incorporarse antes que los aspirantes del turno libre, cuyo proceso completo puede prolongarse más de tres años.

Mientras el CGPJ estudia fórmulas para agilizar futuras convocatorias, Justicia mantiene la presión para activar cuanto antes un mecanismo que considera esencial para aliviar la sobrecarga de los tribunales y avanzar en la reducción del déficit histórico de jueces en España.