El juicio por el caso Kitchen, es decir, la supuesta operación parapolicial urdida en el seno del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, en 2013, para arrebatar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas documentación sobre la caja b del partido, en el marco de la trama Gürtel que ya estaba judicializada, comienza este lunes 6 de abril con el protagonismo mermado, ya que al día siguiente, el martes, arranca el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos por la compra de mascarillas a una empresa de la trama Koldo, y la atención mediática se tendrá que repartir entre ambos juicios.

En el banquillo de Kitchen se sentará la plana mayor del Ministerio del Interior de la primera legislatura de Mariano Rajoy, empezando por el que ocupaba la cartera, Jorge Fernández Díaz; y su mano derecha, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El ex DAO Eugenio Pino también será juzgado, junto con los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y José Luis Olivera; el comisario Andrés Gómez Gordo; el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas; el ex chófer de Bárcenas y hoy agente de la Policía Nacional Sergio Ríos; y los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. Eran once procesados en un principio, pero el procedimiento ha quedado archivado para el comisario Enrique García Castaño, por las graves secuelas que arrastra tras un ictus. 

Entre el 6 de abril y el 30 de junio, se celebrará el juicio en la Audiencia Nacional, en sesiones de mañana y tarde, en la mayoría de las ocasiones.

El auto de procesamiento, a cargo del ya jubilado Manuel García Castellón, sitúa a Fernández Díaz detrás de la orden directa al secretario de Estado de Seguridad de poner en marcha la operación a sabiendas de su ilegalidad para espiar y arrebatarle documentación a Bárcenas y a su familia y así impedir que dicha documentación llegara a la Justicia. Hay que tener en cuenta que por entonces, en 2013, se investigaba el caso Gürtel, respecto a la trama corrupta liderada por Francisco Correa con conexiones en el PP. 

Así, Francisco Martínez y Eugenio Pino idearon presuntamente, «sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias», según Anticorrupción, una ilícita operación policial dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales de Luis Bárcenas.

Anticorrupción pide 15 años de prisión para Fernández Díaz, Francisco Martínez y Pino; respecto a Villarejo, solicita 19 años de cárcel y 33 de inhabilitación absoluta y 9 de inhabilitación especial, por los delitos de encubrimiento, malversación, delitos contra la intimidad y cohecho pasivo propio. La Fiscalía le considera el ejecutor de las órdenes de Eugenio Pino.

Otros 15 años pide la Fiscalía para Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando esta presidió Castilla-La Mancha, por los presuntos delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. 

Fondos reservados

Para Sergio Javier Ríos Esgueva, la Fiscalía pide 12 años de prisión, más 13 años y nueve meses de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Según Anticorrupción, Gómez Gordo se encargó de poner en contacto a Villarejo con Ríos, colocado posteriormente al servicio de los Bárcenas como chófer, con la misión de espiar a la familia. Presuntamente sustrajo un móvil a Bárcenas que entregó a la trama parapolicial para su clonado. 

Posteriormente, Ríos entró en la Policía Nacional, tras superar las pertinentes oposiciones, aunque hay sospechas de amaño, porque fue una de las promesas que Villarejo le hizo en sus reuniones con el chófer, según los audios aportados a la causa. Ríos cobró de los fondos reservados 2.000 euros al mes durante casi dos años, según consta en el sumario.

Para el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín Blas, la Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta por delito de encubrimiento. En el auto de procesamiento se señala que en una primera fase de la operación Kitchen habrían participado agentes de Asuntos Internos bajo la dirección de Martín Blas, que siempre ha negado su implicación.

Cospedal se queda fuera

El recorrido judicial que siguió la imputación y posterior des imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal es digno de mención. El juez García Castellón se resistió a incluirla como investigada incluso después de que trascendieran nuevas grabaciones que la sitúan pidiendo a Villarejo «parar» el asunto de la «libretita» de Bárcenas. La imputó en junio de 2021, junto a su marido, el empresario, Ignacio López del Hierro, por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Pero a los dos meses los desimputó. En mayo de 2022 lo confirmó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

Posteriormente, el sucesor de García Castellón, el juez Antonio Piña, rechazó a finales del pasado mes de enero imputar de nuevo a Cospedal ante la petición del PSOE (que es acusación popular, junto a Podemos) debido a la aparición de un informe de la Unidad de Asuntos Internos con varios audios que situaban a la exdirigente del PP en la trama Kitchen. Un informe que según el PSOE estuvo derivado a otra pieza separada de la macro causa Tándem, la número 34, y no a Kitchen, que es la pieza número siete.

Rajoy y su plana mayor, de testigos

Una supuesta implicación del que era entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la orden para espiar a Bárcenas ha quedado fuera de la investigación. Pero el expresidente irá como testigo el 23 de abril, junto con Cospedal. La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, está citada el 27 de abril.

El exministro Fernández Díaz ha declarado que la documentación de Luis Bárcenas no afectaba a su ministerio y sí al Partido Popular, pero no señaló expresamente a Rajoy. En cambio, Villarejo fue más lejos y afirmó en una comisión de investigación que se había visto personalmente con el presidente Rajoy. 

El listado de testigos excluye al exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, el juez Enrique López, hoy destinado en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y este es uno de los motivos por los que la propia Audiencia Nacional ha decidido excluirlo como testigo a propuesta del PSOE, por considerar su citación «innecesaria e impertinente», por no tener nada que ver la situación de la Comunidad de Madrid con lo que ocurría en el Ministerio del Interior, según resolvió el tribunal. 

El PP se libra

Es de resaltar que los que iban a ser los supuestos beneficiados de la operación parapolicial, entre ellos, la cúpula del PP y el propio PP, queden al margen del juicio. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición del PSOE para enjuiciar al partido de Feijóo como responsable a título lucrativo en Kitchen. Hay que recordar que el partido de Feijóo ha sido condenado en tres ocasiones como responsable a título lucrativo por la trama Gürtel.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado la solicitud del PSOE de exigir al Ministerio del Interior un informe económico sobre lo que supuso la operación Kitchen para determinar el impacto en el erario. El tribunal ha justificado la negativa en que la diligencia es «innecesaria e irrelevante» para los hechos que se juzgan. 

Publicado en: Diario Público