Había pocas dudas al respecto, pero este martes la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas lo ha puesto negro sobre blanco: “Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023”. 

Este pronunciamiento se suma a otras conclusiones y resoluciones emitidas en los dos últimos años en esta dirección. Dada su relevancia en el seno de la ONU, el demoledor informe de la comisión especializada pone contra las cuerdas a quienes se resisten a calificar como «genocidio» la masacre de Gaza.

La comisión, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, basó sus conclusiones en pesquisas exhaustivas sobre lo ocurrido en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de julio de este año. En un informe emitido el pasado mes de junio, estos expertos ya acusaron a Israel del crimen de “exterminio” en Gaza. Si bien, en un nuevo informe dado a conocer este martes, el comité va más allá al determinar que las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948.

Precisamente, esta convención es el primer tratado de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de la ONU tras el Holocausto ocurrido durante de la Segunda Guerra Mundial,  en el que la Alemania nazi asesinó a más de seis millones de judíos. Este instrumento, que consta de 19 artículos, proporciona la primera definición jurídica internacional del término «genocidio». 

De esta manera, la comisión de expertos considera que, de los cinco actos genocidas, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha perpetrado cuatro al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza.

«Argumentos sólidos» sobre el genocidio cometido por Israel

A partir de aquí, ¿qué implicaciones tiene esta resolución? Este órgano de investigación «documenta violaciones, como las ocurridas en Gaza, y sus informes tienen un peso político y moral, pero no son jurídicamente vinculantes», señala Sonia Boulos, profesora titular de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En unas declaraciones a Público, la jurista destaca que el informe puede entenderse como «una fuente subsidiaria del derecho internacional». «Al provenir de una comisión de las Naciones Unidas, su autoridad resulta reforzada, por lo que es previsible que ejerza una influencia significativa en los procesos actualmente en curso». 

En este sentido, cabe subrayar que la comisión está presidida por Navi Pillay, una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda.

Frente al argumento esgrimido por el PP de esperar a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva el proceso abierto tras la denuncia de Sudáfrica contra Israel por «genocidio» en Gaza, a la que se sumó España y otros 12 países, Antonio Remiro, catedrático emérito de Derecho Internacional, aclara que el informe del comité de expertos aporta un «argumento sólido» para convencer a «quienes combaten que no hay más genocidio que el Holocausto». 

Asimismo, aclara que el proceso abierto por la corte penal no se resolverá hasta «dentro de tres o cuatro años«. «El tiempo judicial es garantista, pero concede al país demandado mucho tiempo para dilatar el proceso», añade. En todo caso, este abogado internacional recuerda la orden de arresto de Benjamín Netanyahu dictada por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Con todo, ambos juristas consideran que esta decisión eleva la presión sobre los partidos políticos que se niegan a catalogar la masacre de genocidio, como PP y Vox. «Resulta cada vez más difícil ignorar el carácter genocida de la ofensiva de Israel sobre Gaza, y el consenso entre los principales académicos y expertos en estudios sobre genocidio no deja de crecer. La negación persistente resulta asombrosa, dado el lenguaje abiertamente genocida utilizado sin pudor por dirigentes israelíes y la apocalíptica destrucción transmitida en directo de Gaza», remata Sonia Boulos.

Los Estados obvian el cumplimiento de las resoluciones

Aunque la comisión de expertos ha determinado ahora que la masacre de Israel sobre Gaza es un genocidio, Pilar Barrado, magistrada y portavoz plataforma Juristas por Palestina, destaca otros pronunciamientos similares, como el auto de medidas cautelares dictado por la Corte Internacional de Justicia. En concreto, esta decisión ya determinó que el riesgo de genocidio era “plausible” y que existía un “riesgo real e inminente” de un daño irreparable a los derechos de los palestinos protegidos por la Convención. 

«Hasta ahora, si Israel no cumple las resoluciones, no pasa nada. Los jueces le dicen lo que tienen que hacer, pero no es como la justicia nacional, ya que aquí tienes las fuerzas y cuerpos de seguridad para obligarte a cumplir la ley», pero el cumplimiento de las resoluciones internacionales quedan al albur de los propios Estados. «Israel tiene carta blanca para hacer lo que quiere. La única resolución que cumple es la que declara su existencia [29 de noviembre de 1947]», proclama la jueza.

Sobre este auto de medidas cautelares, Sonia Boulos alerta de que «se puso a todos los Estados partes en conocimiento, de modo que el suministro continuado de armas a Israel no solo violaría la obligación de prevenir, sino que también podría constituir complicidad en genocidio. Este informe deja claro que vender armas a Israel puede equivaler a complicidad en genocidio».

En esta línea, Pilar Barrado subraya el papel de los Estados a la hora de garantizar que se cumplan las decisiones de los organismos internacionales. «Gaza puede ser la tumba del derecho internacional y el Estado de derecho. Está en juego el sistema de derechos. Una brecha en los derechos del pueblo palestino es una brecha en nuestros derechos», advierte Barrado.

Publicado en: Público