Sin novedad en el frente en el juzgado de instrucción de Madrid número 19.

O mejor dicho: la novedad es la parálisis.

La causa de Alberto González Amador -Maxwell Cremona- duerme lo que suele denominarse el sueño de los justos.

La jueza Inmaculada Iglesias se jubiló en la segunda quincena de julio de 2025. Dictó antes de dejar el juzgado el auto de procesamiento del grupo de Alberto González Amador contra él y sus cuatro colaboradores en la emisión de facturas que la Agencia Tributaria consideró falsas por valor de 1,7 millones de euros

La defraudación alcanzó los 350.951 euros en los ejercicios 2020 y 2021.

Y comenzó la magistrada Iglesias a instruir la pieza separada contra González Amador por presunta corrupción en los negocios con personas del grupo sanitario Quirón. Fue esa relación la que le permitió hacer de intermediario en un contrato de venta de mascarillas con un beneficio de 2 millones de euros durante la pandemia (Covid 19), un dinero por el que evadió los 350.951 de euros apuntados.

El 22 de septiembre de 2025, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que se hizo cargo temporalme, dictó, a su vez, el auto de apertura de juicio oral contra la pareja de Ayuso y sus cuatro colaboradores en la elaboración de las facturas falsas.

Desde que, a continuación, se hizo cargo del juzgado el nuevo titular, magistrado Antonio Viejo, las investigaciones han quedado a la espera de diligencias.

Una de ellas es muy sencilla: dar traslado a las defensas de González Amador y de los cuatro acusados de los escritos del Ministerio Fiscal y las acusaciones populares (PSOE y Más Madrid) para que eleven sus alegaciones.

Solo así, cumplimentado este paso, se podrá elevar la causa al Decanato de los Juzgados de lo Penal de Madrid para que designe, por reparto, al juez de lo Penal que se hará cargo del juicio y fijará la fecha para el mismo.

El abogado Ricardo Corzo defiende a tres acusados domiciliados en Arahal, situada en la comarca de la Campiña de Morón y Marchena, en la provincia de Sevilla. Sus clientes emitieron decenas de facturas por 178.000 euros, aproximadamente.

Corzo señaló a El Periódico que no ha tenido acceso a los escritos de acusación. “Sigo sin recibir esos escritos y por tanto no he podido presentar mi escrito de defensa”, señaló.

Las acusaciones populares en la causa, del partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Más Madrid, han elevado esta semana, el 26 de enero, un escrito al juez Viejo en el que se urge desatascar el procedimiento de los dos delitos fiscales dando traslado de los escritos a las defensas. Un acto de mero trámite.

“Esta situación está produciendo una gran dilación al procedimiento en su tramitación, por ello, en el ejercicio del derecho de defensa de la posición de acusación popular de esta parte, y conforme al impulso procesal que asiste a las partes, mediante el presente escrito vengo a solicitar que, por parte de ese órgano judicial, se adopten las resoluciones que correspondan para la correcta continuación del procedimiento”, señala el escrit

Advierte sobre posibles dilaciones indebidas.

“En el supuesto de que existan incidencias procesales que hayan causado la paralización o demora no justificada del procedimiento desde el dictado del auto de transformación y de juicio oral – que desconocemos – , y la presentación de los escritos de acusación, se solicita expresamente que se subsanen a la mayor brevedad, en aras a salvaguardar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, añade.

Por ello pide al juez que “acuerde dar el impulso procesal correspondiente al presente procedimiento, actuando conforme al artículo 784.5 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, presentados los escritos de defensa, en su caso, o transcurrido ampliamente el plazo para hacerlo sin haberlo hecho, remitiendo lo actuado al órgano competente para el enjuiciamiento a la mayor brevedad”.

Las acusacones populares del PSOE y Mas Madrud piden en un segundo escrito desatascar, asimismo, la pieza separada del delito de corrupción en los negocios de González Amador. Señala que en julio se 2025 presentó un escrito con diversas diligencias, pero advierte que el mismo ni siquiera ha sido “proveido” (no existe providencia en la que conste la presentación del escrito). Es otro simple trámite que muestra cierto descuido procesal.

En dicha pieza prestó declaración, en calidad de imputada, Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención el 19 de junio de 2025.

La jueza Iglesias, antes de jubilarse, solicitó, tras escuchar a Carrasco, la colaboración de la Unidad Operativa de la Guardia Civil (UCO), el 27 de junio de 2025 para investigación los hechos. Fue a petición del fiscal Diego Lucas Álvarez.

Las acusación populares dejan constancia de que no se han recibido informes de la UCO y piden, asimismo, que se haga llegar a dicha policía judicial la información según la cual la pareja de Ayuso opera en el grupo Quirón, en calidad de “director de proyectos”, con el nombre, en parte ficticio, de Alberto Burnet González.

Burnet es uno de los nombres de la sociedad creada por la pareja de Ayuso en Miami, Florida, Estados Unidos: Burnet & Brown.

Entre las diligencias que solicitaron las acusaciones populares estaba la de citar a declarar cmo imputado a Fernando Camino, quien es una pieza fundamental en la relación de la pareja de Ayuso con el grupo Quirón, que es uno de los principales grupos sanitarios adjudicatarios de proyectos pot parte de la Comunidad de Madrid, que preside Díaz Ayuso. Es que también Camino ha participado en la operación del contrato de compraventa de mascarillas que permitió ganar 2 millones de euros a González Amador.

También se solicita esa declaración por la operación que llevó a la pareja de Ayuso a adquirir a Gloria Carrasco, esposa de Camino, en diciembre de 2020, la sociedad Circulo de Belleza por 500.000 euros, cuando según la Agencia Tributaria, carecía de valor. Camino era socio de la empresa de su esposa.

La “triangulación” Maxwell Cremona (González Amador) Círculo de Belleza ( pareja Carrasco-Camino) y Quirón (Camino, presidente) está en la base de las sospechas de un posible delito de corrupción en los negocios.

Ello habida cuenta de la actividad del grupo sanitario Quirón en la Comunidad de Madrid, donde la pareja de González Amador, es decir Díaz Ayuso, tiene la última palabra sobre los contratos millonarios de los hopitales que gestiona: Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena (Valdemoro) y el General de Villalba, además de centros privados como el Hospital Quirónsalud San José, el Hospital Quirónsalud Sur, el Ruber Internacional y La Luz.

Información publicada en El Periódico.