Durante ocho meses, una concejala del Partido Popular en Móstoles intentó sin éxito que su partido activara los mecanismos internos para investigar la denuncia de acoso sexual y laboral que había presentado contra el alcalde del municipio, Manuel Bautista. Pese a reiterados correos electrónicos, reuniones con la cúpula regional del PP y escritos formales dirigidos incluso a los órganos nacionales del partido, la edil no obtuvo amparo alguno y acabó renunciando a su cargo y a su militancia.

La concejala se dirigió en varias ocasiones a la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso. El primer correo electrónico, enviado el 26 de febrero de 2024, alertaba de una “discriminación muy grave” que, según relataba, no solo no había cesado, sino que se estaba intensificando. En ese mensaje solicitaba la mediación directa de Ayuso para evitar que tuviesen que intervenir otras instancias. La presidenta alegó problemas de agenda y derivó el asunto a su secretario general en el partido, Alfonso Serrano.

Cinco días después, Ayuso sí recibió en su despacho al alcalde de Móstoles. Desde la Comunidad de Madrid se presentó el encuentro como una reunión institucional más, sin referencias públicas a la situación denunciada por la concejala.

Una semana más tarde, la edil fue recibida en la sede nacional del PP por Alfonso Serrano y por Ana Millán, secretaria de Organización del PP de Madrid y número tres del partido en la región. Ambos escucharon su relato y, según consta en correos electrónicos posteriores, coincidieron en calificar lo sucedido como un “caso de acoso de manual”. En esa misma conversación, Serrano verbalizó el origen del conflicto: tras rechazar las insinuaciones del alcalde, la concejala fue apartada de sus funciones, dejó de intervenir en los plenos y perdió responsabilidades en el Gobierno municipal.

Pese a reconocer la gravedad de los hechos, ni Serrano ni Millán promovieron la apertura de una investigación interna ni la activación del protocolo de acoso del partido. Por el contrario, ambos insistieron en que la concejala no presentara una denuncia judicial ni hiciera públicos los hechos. En uno de los correos dirigidos a Ayuso, la edil recoge frases literales de aquella reunión en las que se le advertía del impacto que una denuncia podría tener sobre su familia y se le instaba a “quitarse de la cabeza cualquier tipo de denuncia”.

La concejala continuó enviando correos al equipo de la presidenta durante los meses siguientes, hasta un total de nueve, además de un escrito de 20 páginas remitido al Comité de Derechos y Garantías del PP nacional. Ninguna de estas gestiones derivó en la apertura de un expediente contra el alcalde ni en la activación del protocolo interno de acoso, pese a que, según fuentes conocedoras del caso, la edil dispone de material probatorio para sustentar sus acusaciones.

Ocho meses después del primer correo, la concejala presentó su dimisión como cargo público y solicitó la baja como militante. Aun así, elevó su denuncia a los órganos nacionales del partido. El PP concluyó que no existían pruebas suficientes para actuar. Ayuso fue más allá y calificó el caso como una denuncia “fabricada contra el PP”, una tesis que respaldaron otros dirigentes del partido. El propio Serrano aseguró posteriormente en un programa de televisión que, de haber habido pruebas, él mismo habría acompañado a la concejala al juzgado.

La polémica se intensificó cuando el gabinete de la presidenta filtró a varios medios los correos electrónicos enviados por la edil, en algunos de los cuales aparecía su nombre. El asunto llegó a la Asamblea de Madrid, donde la oposición —Vox, Más Madrid y PSOE— pidió explicaciones y reclamó la dimisión tanto del alcalde de Móstoles como de los dirigentes regionales implicados.

Desde la dirección nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo cerró filas con Ayuso y defendió que el partido investigó el caso y no encontró indicios suficientes. Sin embargo, el partido no ha aclarado qué pasos concretos se dieron ni cómo se aplicaron sus propias normas internas, que obligan a activar un protocolo específico ante denuncias de acoso sexual, incluso cuando la persona denunciante no es afiliada.

El caso ha reabierto el debate sobre la aplicación real de los protocolos internos contra el acoso en los partidos políticos y sobre el tratamiento que reciben las denuncias cuando afectan a cargos de relevancia institucional.