En solo cuatro meses, el juez Juan Carlos Peinado ha instruido una pieza separada por el presunto delito de malversación de caudales públicos contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y en un auto de este martes aboca la investigación a la apertura de juicio oral. En tiempo récord, el juez Peinado ha tramitado una causa que debe ser juzgada ante un tribunal de jurado, según establece la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado para los ilícitos de malversación. 

El juez Peinado, cuya jubilación está prevista para septiembre de 2026, cree que existen «indicios racionales, fundados y sólidos» —según expresa en su auto— de que tanto Begoña Gómez como su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, perpetraron un presunto delito de malversación de caudales públicos en el marco de los servicios de asesoría para los que fue nombrada Álvarez en 2018. Y propone también que el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ex secretario general de Presidencia, sea juzgado junto con ellas.

La investigación de Peinado se centra en las funciones y actividades de Cristina Álvarez, que él considera que se extralimitarían de las propias para las que fue contratada, apoyando a Begoña Gómez en unas «actividades totalmente desvinculadas de su condición de esposa del actual Presidente del gobierno», en relación a las labores de Gómez como codirectora de dos másteres y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid.

Sin cuantificar 

Pero Peinado no cuantifica la cantidad presuntamente malversada, un delito que requiere esa cuantificación, según el artículo 432 del Código Penal, indican fuentes jurídicas, porque la hipotética pena va en función de dicha cuantía. Dichas fuentes consideran que el auto en cuestión «adolece de motivación», y que Peinado desarrolla una «motivación por remisión», es decir, aludiendo simplemente a que de la instrucción practicada se deduce que existen ciertos indicios de delito. Pero esta modalidad, si bien está permitida «con matices», no es lo «deseable», ni mucho menos cuando se quiere llevar a a juicio a una persona. 

El origen: Vox

La causa principal del juez Peinado contra Begoña Gómez se abrió en abril de 2024, a raíz de una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias basada en recortes de prensa que versaban sobre su vinculación con Globalia y el rescate con préstamos públicos para su aerolínea, Air Europa; también en su actividad al frente de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, de la Universidad Complutense. En la causa principal, el juez investiga a Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

La pieza separada por la presunta malversación tiene su origen en una querella de Vox en la que se apoyó el juez Peinado para abrir la  nueva línea de investigación; una querella que el magistrado mantuvo guardada en un cajón tres meses y medio hasta que decidió admitirla a trámite, en mayo pasado. Peinado solo la admitió contra Francisco Martín, dejando fuera de la investigación, en un principio, a Begoña Gómez y Cristina Álvarez. 

En la querella, el partido ultraderechista considera que Francisco Martín, el actual delegado del Gobierno en Madrid, ejerció como  «superior jerárquico» de Cristina Álvarez. Pero Martín fue nombrado secretario general de Presidencia del Gobierno en 2021, y permaneció en el cargo hasta 2023, es decir, que llegó a la Moncloa tres años después que Cristina Álvarez.

Imputación 

El pasado mes de agosto, el juez imputaba formalmente a Begoña Gómez y a su asesora en la pieza separada por la presunta malversación. En su auto de incoación del tribunal del jurado, de este martes, se refiere a ello: «Este Juzgado es consciente de que, inicialmente se consideró que no procedía la admisión a trámite de la querella indicada por un delito de malversación de caudales, contra las investigadas (…) ahora bien, como es de sobra conocido, la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva. Ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella, como medios de iniciación del proceso penal, ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional de la fase de investigación. Lo contrario sería inasumible desde la perspectiva de los principios que informan el proceso penal». 

No expone los indicios

Sin embargo, se queda ahí, sin describir los indicios, sin dar cuenta de los descubrimientos de la instrucción, y no expone los argumentos que le llevan a proponer llevar a juicio a Begoña Gómez en base a unos determinos indicios. Fuentes jurídicas consultadas por Público manifiestan su sorpresa por el auto de Peinado, en el sentido de destacar que adolece del formalismo propio de la envergadura del auto de transformación de diligencias en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado. 

Otras fuentes consideran que Peinado suele hacer autos «deslabazados», sin armar demasiado los razonamientos ni las exposiciones. Y destacan que en autos de este tipo lo más frecuente y «deseable» es enumerar los indicios con los que se cuenta contra la persona investigada. 

Los correos electrónicos

Según se desprende de la instrucción, los indicios que maneja Peinado para imputar el delito de malversación son tres correos electrónicos enviados por la asesora de Begoña a personas vinculadas con la cátedra de la Complutense. Correos que hacen referencia a cuestiones relativas al patrocinio de la cátedra. Según la defensa de Begoña Gómez, los correos versan sobre  «actos a los que debía acudir mi defendida y, por lo tanto, entran dentro de las funciones que le estaban encomendadas a María Cristina Alvarez y, por ello, difícilmente puede sostenerse que se trate de funciones que no entraban dentro del ámbito de sus competencias», argumentaba el abogado de Begoña Gómez en uno de sus últimos recursos.

La propia Begoña Gómez declaraba el pasado 10 de septiembre a presuntas de su letrado que en algún momento le pidió a su asesora hacerle «algún favor» en relación a los correos relacionados con la cátedra. Y argumentó que Cristina Alvarez no tenía horario fijo, sino que estaba a su disposición para las labores propias de asesoría a la cónyuge del presidente del Gobierno todos los días y a cualquier hora. 

Aval de la Audiencia de Madrid

Peinado se siente con la seguridad que le otorga la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló la investigación por supuesta malversación, el pasado mes de junio. Incluso los magistrados apuntaron a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno como la que habría permitido la «desviación» de las funciones de la asesora de Begoña Gómez. Sin embargo, el aval fue con condiciones, dicen fuentes jurídicas, en el sentido de que los magistrados le instaron a seguir investigando para apuntalar los indicios, cosa que el auto de Peinado no hace presumir. Es decir, que en la vistilla del próximo sábado, cuando están citados los acusados, no creen estas fuentes que el juez exponga nuevos indicios contra Begoña Gómez.

Publicado en: Público