El juez Juan Carlos Peinado ha puesto en marcha la presentación de demandas judiciales contra ocho políticos y periodistas desde que arrancó su polémica instrucción contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El magistrado esgrime, en los escritos a los que ha tenido acceso Público, la existencia de hechos constitutivos de un supuesto «delito de injurias y calumnias» y advierte a los demandados de que, si no rectifican y cumplen las condiciones exigidas, pueden enfrentarse a una «querella» por el correspondiente ilícito. Peinado les pide además indemnizaciones de decenas de miles de euros por los «daños morales y perjuicios causados» en la «difusión de informaciones falsas, injuriosas y atentatorias contra su honor».
La primera denuncia la presentó contra el periodista Max Pradera, hace ahora seis meses. El exconcejal del PSOE en Pastrana, Fernando Jabonero, fue el siguiente en recibir una solicitud de estas características, el 15 de abril de 2025. Peinado planteó más tarde denuncias contra Pablo Iglesias, Ernesto Ekaizer, Sergio Calderón –director de Contenidos de RTVE– Antón Losada y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, pero solo los tres primeros están al tanto de las notificaciones. Losada, Marlaska y Puente han confirmado a Público que, de momento, no tienen ninguna noticia al respecto más allá de los anuncios en prensa de fuentes próximas al magistrado.
Peinado les pide a los cinco políticos y periodistas que sí están al tanto de las demandas un total de 170.000 euros, de modo que la suma total, incluyendo las tres restantes, superará claramente los 200.000 euros. Público se ha puesto en contacto con Francisco José Rives Santos, abogado en los casos de Pradera y Jabonero, y también con Guadalupe Sánchez, quien ejerce ahora la defensa del magistrado, sin que ninguno de los dos haya querido aclarar ningún dato sobre los procedimientos. Rives se ha remitido al «secreto profesional» en una llamada con este diario y ha explicado que «no da información de ningún caso». Sánchez, actual abogada de Peinado, no ha respondido a las peticiones de Público. La letrada también está a cargo de la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y figura como vocal en el nuevo think tank de Iván Espinosa de los Monteros. En su página web se define como «una activa comunicadora en redes sociales» y ha participado en ponencias organizadas por el Partido Popular de Madrid.
Mensajes de X en la diana de Peinado
Max Pradera fue el primero en recibir una solicitud de conciliación de parte del juez Peinado. La notificación le llegó el pasado 10 de abril. El desencadenante fueron unos tuits que el periodista publicó en su cuenta de X en el «libre ejercicio» de su «libertad de expresión», tal y como destaca en una conversación con Público, todos ellos entre mayo de 2024 y febrero de 2025. Pradera difundió, entre otras publicaciones, un hilo en el que hablaba del futuro del magistrado tras su jubilación y bromeaba con sus vínculos con el PP. «Tras jubilarse, Peinado solo tiene que colegiarse como abogado y empezar a facturar como tal, desde asesorías en chiringuitos del PP hasta cursos y conferencias en FAES», reza uno de los tuits que incorpora a la demanda de conciliación el instructor del caso Begoña Gómez. El también escritor se refirió al magistrado como «Peinetas» en alguno de los mensajes. «Las hipótesis, que no acusaciones, son irónicas, pero no tienen recorrido en los tribunales. La demanda solo busca amedrentarnos», insiste.
La defensa del juez también menciona en su solicitud la «querella» que presentó Pradera contra Peinado por un posible «delito de revelación de actuaciones procesales secretas» en mayo de 2024. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid la inadmitió cinco meses después. «Peinado pretende que comparezca en público para decir que la querella era instrumental y que prácticamente la interpuse porque estaba al servicio de Begoña Gómez«, desvela el periodista. El magistrado le pide además que «se avenga a reconocer» públicamente una quincena de afirmaciones relativas al contenido de sus tuits y que no solo los elimine, sino que no vuelva a «realizar manifestaciones difamatorias, insidiosas, (…) calumniosas u ofensivas» contra su persona. Peinado reclama, además, una indemnización de 25.000 euros. Pradera no acudió al acto de conciliación y tampoco ha vuelto a tener noticias del proceso desde entonces.
Fernando Jabonero recibió su demanda de conciliación, a la que ha tenido acceso Público, cinco días después que Max Pradera. El motivo fundamental volvieron a ser unos tuits, concretamente 15. El exconcejal socialista le llamaba a Peinado «infractor urbanístico» y le acusó de «desconocer la ley de enjuiciamiento criminal». La primera de las atribuciones tenía que ver con el chalet del magistrado en La Adrada (Ávila). «Lo tengo todo documentado y por eso puedo decir que la construcción, al menos hasta agosto, no tenía licencia de primera ocupación», señala Jabonero en declaraciones a Público. Peinado le pide, nuevamente, retractarse de todas sus declaraciones y una indemnización de 25.000 euros. Jabonero ha acudido al acto de conciliación, donde ha rechazado las condiciones que le planteaba el magistrado. Igual que ocurre con Pradera, el exconcejal tampoco ha vuelto a recibir ninguna notificación y desconoce cómo avanza el proceso.
Iglesias y Ekaizer, intervenciones en TVE
Peinado también presentó dos demandas de conciliación contra Sergio Calderón, director de Contenidos de RTVE, y contra el periodista Ernesto Ekaizer y el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por sus intervenciones en el programa Malas Lenguas. Las dos se registraron en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón el 10 de septiembre de 2025, esta vez, con la firma de la nueva abogada del magistrado, Guadalupe Sánchez. Los argumentos son prácticamente similares en ambos casos. El hecho de que las querellas llegasen a Pozuelo tiene que ver con que es donde están las instalaciones de la cadena pública y, por tanto, el «domicilio a efectos de notificaciones» de ambos colaboradores, tal y como consta en los documentos.
Ekaizer se enfrenta a esta querella por haber dicho durante una emisión de Malas Lenguas, concretamente la del 1 de agosto de 2025, que Peinado, en «una hípica de Madrid» y «ante su grupito de admiradores», había asegurado que iba a «terminar con Pedro Sánchez». El 18 de agosto, también en el mismo programa, Ekaizer volvió a pronunciarse en los mismos términos. Peinado le pide reconocer que «es absolutamente falsa» la información y que «constituye una vulneración» de su «derecho al honor«. El magistrado exige además la retirada de «cualquier contenido audiovisual o digital» que contenga «las afirmaciones señaladas», tal y como consta en el escrito consultado por este diario. Y reclama, por último, una rectificación en directo y una indemnización «solidaria» de 60.000 euros por los «daños morales» ocasionados, que deberían abonar Ekaizer y Calderón.
Pablo Iglesias ha recibido una notificación prácticamente idéntica. El exvicepresidente del Gobierno, también colaborador de Malas Lenguas (TVE), valoró en estos términos la instrucción del juez Peinado en el programa del 25 de agosto: «Yo creo que quizá tenga razón la gente que dice que Peinado es un prevaricador«. El juez insta a Iglesias a retractarse de sus declaraciones y «no volver a realizar (…) manifestaciones difamatorias, injuriosas o calumniosas» contra su persona como paso previo a una «querella por delito de injurias y calumnias«., en caso de que no acceda a su petición. También le pide tanto a Iglesias como al director de Contenidos de RTVE una «indemnización solidaria» de 60.000 euros.
Antón Losada señaló a Público que no ha recibido de momento ninguna notificación como las de sus compañeros, pese a que así lo avanzaba El Confidencial el pasado 13 de septiembre, citando fuentes jurídicas. El motivo de esta posible querella vuelven a ser unas declaraciones del analista y politólogo en algún medio de comunicación. Los ministros Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska están en una situación parecida, ambos por haber emitido declaraciones con referencias al magistrado en distintos medios de comunicación. Ninguno de los dos ha recibido todavía la demanda judicial. Fuentes del Ministerio de Interior, no obstante, han avanzado a este diario cuál será su respuesta: «El ministro no va a acudir a ningún acto de conciliación«.
Publicado en: Público
