La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVCA) ha aceptado una nueva rescisión de contrato de una trabajadora de À Punt, en este caso, del área digital, después de que ésta (A. M.) lo solicitara alegando a la cláusula de conciencia. Si hace unos casos se hacía público el caso de Elena Tamarit, ahora es otra periodista a quien se le ha reconocido este derecho después de que lo solicitara justificándolo en los cambios en la línea editorial de la cadena en lo que a la información sobre festejos taurinos y el tratamiento del valenciano se refiere.
La profesional, en declaraciones a elDiario.es, explica que ya comenzó a notar “autocensura” en sus jefes antes de que empezaran los cambios: “Un día se me ocurre poner País Valencià en una publicación y la presidenta de las Corts, Llanos Massó (Vox) amenazó À Punt; al día siguiente me llamó mi jefe y me dijo que no pusiera País Valencià a no ser que se tratara de una cita, y eso cuando era algo que estaba permitido según el libro de estilo. Otro día me borró una publicación de Xavi Castillo porque querían promocionar a Óscar Tramoyeres… Eran cosas puntuales en redes”. Ya con el cambio en la cúpula de la Corporación, se incorporaron los actos taurinos a la programación.
“Tuvimos una reunión con los jefes, porque se nos dijo que no podíamos publicar nada de política sin su visto bueno; es en ese momento cuando pregunto por la cláusula de conciencia”, relata. Además, se tenían que hacer bastantes publicaciones taurinas, “dije que no iba a hacer nada, y no me pedían nada; pero en verano, con mucha gente de vacaciones, me dijeron que hiciera una retransmisión en web que no se iba a hacer en la tele, que era la única persona que podía hacerlo, y me negué”. “Me pidieron que lo pusiera por escrito y me advirtieron que podía tener consecuencias; fue la gota que colmó el vaso”, sostiene la ya exempleada de À Punt.
A. M. apunta que decide invocar la cláusula de conciencia después de que lo hiciera Elena “porque este À Punt no es en el que yo empecé a trabajar”. “Sentía desasosiego, impotencia, malestar… No quería continuar de esta manera, y ahora me siento liberada”, explica la comunicadora, quien destaca lo “rápida y eficiente” que ha sido la gestión de su baja: “lo solicité y al día siguiente, el 15 de septiembre, nos informaron a mi jefe y a mí de que mi último día en À Punt era el 30 de septiembre; ya me han abonado la indemnización incluso”.
Además, la periodista siente que explicando su situación, “puedo ayudar a mis compañeros, denunciando lo que pasa; cuando lo veía desde fuera me preguntaba por qué los profesionales de Canal 9 no hacían nada en su día, y ahora lo entiendo, porque sufrían amenazas o no tenían alternativas”.
Solicitud de activación de cláusula de conciencia
En un escrito dirigido a la dirección de la corporación, al que ha tenido acceso elDiario.es, la trabajadora, “experta en redes y comunicación” y que lleva trabajando en À Punt desde el 11 de junio de 2018 (el día siguiente del comienzo de las emisiones del ente público valenciano), A. M. solicita acogerse a la cláusula de conciencia porque considera que se ha producido un “cambio sustancial en la orientación informativa y en la línea editorial” del medio en el que trabaja.
Así, explica que mientras que en el libro de estilo redactado en 2021, redactado en época del Botanic, se establecía que en la cobertura de las fiestas locales se excluían “espectáculos con maltrato animal (toro embolado, corridas de toros, etc.), excluyendo explícitamente la retransmisión de corridas por motivos éticos y de cohesión social”; en el manual de estilo de 2025, ya con el PP al frente de la Generalitat, se “incluye y fomenta la difusión de festejos populares, ‘bous al carrer’, acontecimientos taurinos y corridas de toros” que considera “uno de los pilares de la programación de À Punt”.
En cuanto a la lengua, el documento de 2021 otorgaba al valenciano “un papel central y vehicular”, con la misión de “contribuir a la mejora del uso social” y de “promoverlo y fomentarlo”, mientras que el de 2025, “a pesar de mantenerlo como lengua vehicular de la mayor parte de la programación, equipara el castellano y el valenciano como lengua institucional, debilitando así la función de normalización lingüística”.
Denuncia la incongruencia de mantener las denominaciones oficiales de poblaciones de predominio lingüístico castellano (Orihuela, Segorbe, Torrevieja…), pero se traducen otros como Zaragoza o New York; se dejan de traducir las publicaciones que hagan en redes sociales personalidades castellano-hablantes; y se prioriza el doblaje en castellano en producciones audiovisuales con versión dual, “relegando el valenciano a un segundo plano”.
Estos cambios, pasar de una línea “ética y respetuosa” a otra “promotora de la tauromaquia” y apostar por un “bilingüismo institucional y de retrocesos prácticos”, asegura A. M. que suponen “una rutura sustancial de la orientación ideológica e informativa”, motivo por el que justifica su solicitud.
La respuesta de À Punt
La resolución de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana reconoce la cláusula de conciencia para los profesionales de la información y da por extinguida la relación laboral a instancias de la trabajadora y ordena el pago de una indemnización equivalente al despido improcedente.
Por lo que respecta a los motivos esgrimidos por A. M., el ente público reseña que no está de acuerdo con “ninguno” de sus argumentos que, dice, “no se ajustan a la realidad, a excepción de lo que se refiere al cambio operado por el libro de estilo de la CACVSA en relación con las retransmisiones taurinas”. Se trata de “ampliar la cobertura informativa de una realidad social que el anterior libre de estilo de CACVSA proponía invisibilizar”.
El director de informativos de À Punt, Josep Magraner, aseguraba a elDiario.es que “no hay ningún cambio” en la línea editorial de la radio y televisión públicas valencianas: “Sí que es cierto que se han introducido retransmisiones taurinas, en virtud de lo que marca el consejo de administración de la Corporación”. Así, subraya que es cierto que se tratan “más temas sociales, ”pero sin renunciar a contenidos de política o culturales, que van a seguir saliendo igual que hasta el momento“.
El ente público explica que no tiene constancia de más casos de trabajadores que hayan solicitado acogerse a la cláusula de conciencia, más allá de los dos de las exempleadas que se han hecho públicos.
Publicado por: elDiario.es








