Seres queridos con nombres, con historias. Como las de las hermanas Tomasa y Petra Tena Nieto. «Mis tías, las dos hermanas mayores de mi madre», aclara Merino. La primera tenía entonces 33 años; la segunda, tan solo 24. «Además estaba embarazada», continúa la activista por la memoria. «A ninguna se le aplicó el bando de guerra. Pasaron por prisión, donde las raparon y las asesinaron. De ninguna conocemos su ubicación», se lamenta la sobrina de las víctimas. «Suponemos que estarán en la fosa del pueblo, de Villanueva de la Serena, pero no tenemos ninguna certidumbre al respecto». No solo fueron ellas. «También su hermano Antonio, que era teniente del ejército republicano y fue a parar a la fosa que hay en la ciudad de Badajoz. Y el marido de Tomasa, Pedro Antonio. A este último sí le aplicaron un bando de guerra cuando regresó al pueblo, en el año 1940, y prevemos que estará también en Villanueva», refiere la historiadora.

Siguen buscándolos. «De vez en cuando conseguimos que abran la fosa. En 2016, logramos identificar y entregar los restos a sus familiares de cuatro personas del pueblo. En 2022, sacamos a otras seis. El año pasado, a otras ocho. Este año, el 15 de septiembre, empezamos de nuevo con las exhumaciones», desarrolla Merino. En una fosa donde contabilizan hasta 306 víctimas. «Son los nombres de vecinos asesinados que tenemos inscritos en el memorial, a pie de fosa. Pero recientemente nos han llegado unos diez casos más», refiere la investigadora. En medio de unas labores de identificación que avanzan a cuentagotas, con poco respaldo institucional.

«Estos cuerpos son la prueba de que, durante la guerra y la dictadura, se cometieron crímenes de lesa humanidad. Recuperarlos es una tarea urgente», insiste Merino. «Sin embargo, nos estamos ocupando nosotros», recrimina. Los familiares, los vecinos, los historiadores. Y no van a parar. «El 18 octubre hacemos un acto para entregar los restos de dos personas a sus familias. Y los días previos, del 14 al 17, desarrollamos lo que hemos bautizado como escuelas de memoria. Invitamos a los institutos de la zona a que vengan a visitar la fosa y escuchar los testimonios de testigos y familiares. Para que sepan lo que pasó aquí», explica la investigadora.

«Las declaraciones de este señor son una ofensa inasumible. Tendrían que hacerle dimitir y que pidiera perdón», apunta Merino. «En una democracia no se cavan fosas y menos para un gobierno democráticamente electo«, sentencia con indignación. Una postura que comparte Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos. «Me parecen una amenaza velada, que alude concretamente al tema de las fosas comunes, por las que todavía hay mucha gente damnificada y sufriendo en este país», valora la activista.

Una amenaza que duele, que profundiza la herida. «Mi madre me llamó seriamente tocada, diciéndome que se sentía denigrada», asegura. No es para menos. Su tío, José Antonio Marco de Viedma, fue fusilado el 2 de septiembre de 1936, mes y pico después del golpe de Estado, frente a las tapias del cementerio de Calatayud, en Zaragoza. Y, posteriormente trasladado al Valle de los Caídos. «De sus caídos, como yo le llamo. Los nuestros no cayeron, les asesinaron», subraya la activista. Desde entonces, siguen intentando localizarlo. «El Estado español, medio siglo después, sigue siendo incapaz de reparar mínimamente a nuestras familias. No estoy hablando ya de justicia en los tribunales o de la devolución de patrimonio. Me refiero a entregarnos los restos de nuestros seres queridos. A permitirnos darles un tratamiento digno a personas asesinadas por su adherencia a un régimen legítimo, democrático y legal«, reivindica Navarro.

«Que en 2025 sigamos así…», sugiere la activista. Ni con auto firme -denuncia- las cosas se ponen en marcha. «Desde 2016, los Lapeña, con dos familiares en el valle, tiene un auto de identificación y devolución de sus restos. Más de nueve años después, aún nada», critica Navarro. «¿Qué podemos esperar los demás?», se lamenta. «Queremos hechos. La generación de los hijos y sobrinos se está muriendo. Empezamos a quedar solo los nietos. Y que encima tengamos que escuchar estas cosas… Es escandaloso. Una tortura psicológica añadida. Basta ya. Un poco de decencia, de sensibilidad y, sobre todo, de responsabilidad», exige a las administraciones y a sus representantes.

¿Lapsus o mala intención?

«Qué manipulación más burda, pero el Francomodín ya no da más de sí», respondía el propio Tellado, a través de las redes sociales, a las críticas generadas por sus declaraciones. «Es una metáfora. Una metáfora que seguro que ustedes han utilizado en muchas ocasiones. El resto es una campaña de victimización y de cortina de humo de Pedro Sánchez», se posicionaba del lado de su secretario general Cuca Gamarra, preguntada por Público durante la rueda de prensa ofrecida por la formación conservadora este mismo lunes.

En cualquier caso, no quedan especialmente bien. «Si es premeditado es peligroso por lo que se dice abiertamente y por esa facilidad para jugar semánticamente como el dolor de la gente», aprecia Carlos Entenza, politólogo, jurista y codirector de Ideas en Guerra. «Pero si lo leemos como un error o una especie de lapsus, como lo han intentado hacer pasar desde la propia formación, casi que es peor», amplía el jurista. «Significaría que el principal partido de la oposición no tiene en mente ni el recuerdo ni el simbolismo del dolor de la dictadura«, completa Entenza. Que tenemos una derecha -remarca el politólogo- que no ha sabido hacer sus deberes democráticos y que insiste en negar su propia historia.