El último auto del juez Peinado relacionado con la investigación sobre Begoña Gómez, el pasado 11 de abril, en el que procesa a la esposa del presidente del Gobierno, evidencia como ningún otro su opinión sobre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Peinado alude al reinado de Fernando VII para intentar comparar al Gobierno actual con un régimen absolutista.

«Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal», escribe el juez.

Además de este párrafo tan poco visto en la tradición judicial española, se advierte un tufo machista en el citado auto cuando Peinado se refiere a la condición de Begoña como esposa de.

Dice Peinado que Begoña Gómez se ha beneficiado de su condición de esposa del jefe del Ejecutivo, en el sentido de haber podido influir «sobre autoridad o funcionario prevaliéndose de relación personal con el presidente del Gobierno, y de éste con el resto de la administración, facilitándose así el acceder, gracias a esa posición, a interlocuciones institucionalmente excepcionales y a que la sola condición de esposa de sirviera para influir, y todo ello con el añadido de haber realizado reuniones en la Moncloa».

El magistrado achaca el desarrollo de la «actividad privada» de Begoña Gómez a la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, en 2019, cuando «se tomaron determinadas decisiones públicas favorables» a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid «gracias a un aprovechamiento singular de su posición relacional«, remarca el juez en una frase muy controvertida. Obvia el juez que Begoña Gómez ya tenía relación profesional con la Universidad Complutense de Madrid desde 2013.

Por el contrario, la defensa de Gómez señala que desde que su esposo accedió al cargo «dejó su actividad privada mucho más rentable, quedándose únicamente» con la actividad académica por la que percibía 15.000 euros anuales. Incide la representación letrada de Gómez que la cátedra era gratuita y que cobraba solo por las clases impartidas en el máster.

Un ‘software’ de más de medio millón 

También en el último auto, para argumentar un presunto delito de apropiación indebida de marca, el juez dice que Gómez se apropió de un «producto terminado, operativo y listo para su explotación, sin haber asumido los costes reales de su creación«. Y estima el valor del software por encima de los 300.000 euros, pudiendo situarse «por encima del medio millón de euros«, afirma sin prueba que lo respalde.

Sin embargo, la defensa de Gómez sostiene que registró la marca a su nombre siguiendo indicaciones de la propia universidad. Además, el citado software nunca llegó a estar operativo, como declararon varios testigos.  

Parcela de poder

Incide el juez en la relación conyugal de Begoña Gómez con el presidente del Gobierno en otro pasaje de su auto del pasado 11 de abril. Lo hace al reprochar a la Gerencia Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid una pretendida laxitud: «(…) tan rigurosa para algunas cuestiones administrativas, en esta ocasión, y una vez más, en lo concerniente a la investigada, según el informe de 11 de mayo de 2023, que remite a este órgano judicial, (…) no exige una titulación concreta para la firma del pliego, limitándose a afirmar que puede hacerlo cualquier responsable de la cátedra, para lo que, como se ha comprobado solo hay que tener determinada relación (sirviendo la conyugal) con un tercero que ostente en un determinado momento una parcela de poder que puede llegar a ser utilizada de manera poco ortodoxa«.

La sonrisa de Bolaños

16 de abril de 2025. Durante el tenso interrogatorio al ministro Félix Bolaños, el juez Peinado le increpó: «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa«, a lo que el interlocutor contestó: «Señoría, es que me está resultando muy sorprendente su interrogatorio». Peinado se desplazó hasta el Palacio de la Moncloa para interrogar a Bolaños sobre la contratación de la asesora de Begoña Gómez cuando él era secretario general de la Presidencia.

«No le pregunto por su parecer»; «¿Lo cree o está seguro?»; «Una cosa son las creencias y otra los testimonios que deben prestar los testigos, por eso le pregunto si se ajusta a la realidad»; «No se trata de conocer su opinión, sino de conocer sus conocimientos». Esta retahíla de reproches con los que el juez Peinado iba interrumpiendo continuamente a Bolaños obedeció a una única respuesta del ministro, relativa a si estaba de acuerdo con lo declarado por Alfredo González, que fue el vicesecretario general de la Presidencia, en 2018, cuando él, Bolaños, era el secretario general. 

«Es que está usted contestando de una manera que no se admite en sede judicial y esta sala ahora mismo es una sede judicial [por el despacho de Bolaños en el Palacio de la Moncloa]»; «Es una forma de contestar con evasivas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como negarse a contestar», dijo el juez en un momento dado sin aparente justificación. «¡No me conteste con evasivas!», concluyó el magistrado ante un estupefacto Bolaños.

El 15 de julio de 2025 el Tribunal Supremo rechazó la pretensión de Peinado de imputar a Félix Bolaños por falso testimonio durante aquel interrogatorio. «No existen indicios probatorios, más allá de meras hipótesis sin el suficiente sustrato fáctico«, alegaron los magistrados. 

La ‘muerte’ de Begoña

En aquel auto donde Peinado plasmaba su exposición razonada al Supremo para la imputación de Bolaños, como aforado que es, el juez cometió un notorio error y es cuando se refiere a la última vez que habían coincidido Bolaños y la asesora de Gómez: «La última fue en el tanatorio por la muerte de la Sra. Begoña Gómez». Lo más seguro es que Peinado se refiriera a la muerte del padre de Begoña Gómez, meses antes de que Bolaños declarara ante Peinado.

No es el primer error del juez Juan Carlos Peinado, que se jubilará el 27 de septiembre de este año. En mayo de 2025, en un escrito dirigido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconocía haberse equivocado entre dos empresas. Quiso referirse a Innova Next, mercantil del investigado Juan Carlos Barrabés, y escribió Air Europa, quizá confundido por las numerosas veces que ha escrito el nombre de la aerolínea en sus autos, en su empeño de que se investigara el préstamo de dinero público para evitar su quiebra durante la pandemia de la covid. Algo que parece que ya ha quedado definitivamente fuera de la causa.

El silencio de Pedro Sánchez

Uno de los hitos de la investigación llevada a cabo por Peinado contra Begoña Gómez fue la citación como testigo del propio presidente del Gobierno, el 30 de julio de 2024. Tras aquel encuentro, en el que Sánchez se negó a declarar amparado por su derecho a no hacerlo contra su cónyuge, el juez plasmó en una resolución, el 22 de agosto de ese año, que podía sacar «conclusiones» del «silencio» de Pedro Sánchez. 

Peinado se enredó en sus conclusiones al respecto de ese silencio, escribiendo que el mismo «permite dar lugar a la formación de inferencias que pueden llevar a conclusiones de carácter objetivo, con propósito de valorar posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal». 

En el auto de 23 de septiembre de 2025, donde Peinado estimaba por primera vez la conveniencia de llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular, invoca, más allá de los rigores que debe imponer una instrucción judicial, que «se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos», pese a que su investigación no ha arrojado ningún indicio de la presunta comisión de delitos.

Publicado en: Público