Después de dos largos años de tramitación, el juez Peinado ha culminado, con un auto de fecha del 11 de abril de 2026, la insólita instrucción de unas diligencias previas centradas en la búsqueda de hechos delictivos que pudieran ser atribuidos a Begoña Gómez Fernández, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las incidencias que han concurrido en su actividad judicial no tienen precedente en los anales de la historia de la judicatura, ni aunque nos remontásemos al reinado de Fernando VII. Las decisiones erráticas, estrambóticas, de difícil lectura y carentes de fundamento alguno han sido el hilo conductor que le ha llevado a esta meta final, pendiente de unos trámites que le llevarán inexorablemente a entregar un mamotreto judicial de miles de folios innecesarios al magistrado al que, por turno, le corresponda tramitar y presidir el juicio por jurados y dictar sentencia según el veredicto de sus componentes.
Ante el aplauso de los medios de comunicación de la derecha, la impasibilidad de la actividad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial y el apoyo de la mayoría de las asociaciones judiciales, ha perpetrado decisiones insólitas en un Estado de derecho. Se necesitaría un libreto para relatarlas todas, pero basta con citar algunas. Para comprobar si la querellada Begoña Gómez Fernández era la esposa del presidente del Gobierno no era necesario invadir la sede del poder ejecutivo. Solo se explica si lo que buscaba era un impacto político sin tener en cuenta las consecuencias que pudiera tener en la estabilidad de nuestro sistema democrático como se demostró por la repercusión de la noticia en los medios extranjeros. Para escenificar esta falta de respeto al principio de la división de poderes no dudó en utilizar una importante cantidad de recursos públicos, que según su peculiar criterio constituye un delito de malversación. Menos mal que no obligó al presidente a presentar el certificado de matrimonio.
Parece que le encontró gusto a visitar el complejo de La Moncloa, por lo que decidió repetir el espectáculo y acordó una nueva entrada, en este caso en tono amenazante conminando a los servicios de La Moncloa con la exigencia de un coche oficial y un acceso reservado para otro género de visitas. Se trataba de interrogar al ministro de la Presidencia y de Justicia sobre algo tan grave como haber destinado a una funcionaria para que asistiese en sus actividades, protocolarias y profesionales a la esposa del presidente del Gobierno, como venía siendo habitual desde los comienzos de la democracia. En este caso se superó a sí mismo ordenando que le trajesen una tarima para demostrar la supremacía del poder judicial sobre el ejecutivo. La petición provocó la incredulidad y la hilaridad de los asistentes, uno de los cuales sugirió si se podía satisfacer el ego con un taburete de la cafetería. Hubo que esperar un largo tiempo para que unos carpinteros construyesen un improvisado trono de la justicia. Pero lo que vino a continuación fue mucho más grave: el tono agresivo del interrogatorio pudimos verlo en los telediarios y la carencia de conocimientos jurídicos resulta clamorosa cuando ordena a un testigo que salga de la sala y vuelva con unos documentos oficiales. No sé lo que opinan sobre esta decisión los jueces que le han apoyado públicamente.
Podíamos seguir con un interminable rosario de decisiones innecesarias e incluso pintorescas. Llamó a declarar a Begoña Gómez a Plaza de Castilla y adoptó decisiones incomprensibles e inconstitucionales como escudriñar en la vida privada de la investigada «desde que es esposa del presidente del Gobierno de España». Nadie le ha amonestado o apercibido. Pero lo que más entristece es, según se ha conocido, el apoyo corporativo frente a unas manifestaciones de una persona que ha sido imputada indebidamente ante el Tribunal Supremo, que sufrió un interrogatorio como mínimo descortés e impropio de una persona que desempeña una función judicial. Respondía en esa condición y no como ministro. La crítica es bidireccional. Podíamos seguir, pero basta con la cita que ha despertado la indignación y asombro de muchos. En el auto que he citado al principio pierde cualquier ápice de imparcialidad y neutralidad. Fiel a su estilo, introduce un pasaje intolerable que merece ser cuestionado: «No podrá hallarse un supuesto de similares características pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este expuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por cierto ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII…)». El artículo 418.6 de la Ley orgánica del Poder Judicial considera falta grave utilizar en las resoluciones judiciales expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico.
El juez Peinado ha agotado su último cartucho y solo le queda un trámite rutinario. Todo el galimatías de los miles de folios los tiene que sintetizar la acusación popular ajustándose estrictamente a las previsiones del artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que exige que se limiten a determinar de manera precisa y numerada los hechos punibles que resulten de todo lo actuado.
La tarea es complicada, ya veremos como la resuelve. A continuación, todo pasa al magistrado presidente del Tribunal del Jurado. Pero este es otro escenario que será necesario comentar según se vayan desarrollando los acontecimientos. Estoy seguro de que, si se llega a celebrar el juicio oral, los ciudadanos y ciudadanas que conformen el jurado sabrán responder con racionalidad e imparcialidad. Como dice la fórmula de juramento que tienen que pronunciar: «Sin odio ni afecto».
Publicado en: Público
