El entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no recuerda haber tenido información sobre la operación del Ministerio del Interior y del Cuerpo Nacional de Policía dirigida en 2013 a robar a Luis Bárcenas material comprometedor para Mariano Rajoy, el Gobierno del PP y relevante para el caso Gürtel. Tampoco se molestó en indagar internamente al conocer las noticias en medios de comunicación sobre los hechos. ¿Es creíble? Es increíble.
Conocí a Ignacio Cosidó en septiembre de 2004. Llevaba seis meses de senador del Partido Popular por Palencia. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, se diplomó en Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), el principal centro docente militar conjunto de las Fuerzas Armadas españolas. Desde 1996 a 2004, durante el gobierno de José María Aznar, había sido jefe de gabinete del director de la Guardia Civil, Santiago Gómez Valdivielso, donde coincidió con María Dolores de Cospedal, subsecretaria del Ministerio del Interior.
Y en aquel momento, septiembre de 2004, por invitación del entonces ministro de Defensa José Bono, padre adoptivo de Sofía, bebé nacida en 2000 en Chile, nos encontramos a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Española rumbo a la capital chilena. Acababa de publicarse mi libro Yo, Augusto‘ sobre el dictador chileno Augusto Pinochet– y Bono tenía previsto rendir un homenaje a Salvador Allende en un paréntesis del viaje organizado con representantes de empresas españolas de defensa a Santiago.
Cosidó, miembro de la comisión de defensa del Senado, era parte de la misión, en la que participaba el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán.
Tenía Cosidó 38 años y una importante carrera por delante en el PP, en el Gobierno de Mariano Rajoy, y luego con Pablo Casado, una carrera todavía más relevante que en la época de José María Aznar.
Era una persona amable con buenas dotes para la comunicación.
Su declaración de este miércoles, 15 de abril, en el juicio de Kitchen, me evocó aquellos días de Santiago de Chile, en realidad, a América del Sur, y, en particular, al célebre cuento de Jorge Luis Borges de 1942, Funes el memorioso, situado en Uruguay.
Ireneo Funes no recuerda nada hasta sus 19 años y tras un accidente desarrolla una memoria perfecta y una percepción infalible, convirtiéndose en prisionero de sus propios recuerdos. El relato destaca la incapacidad de Funes para olvidar y abstraer, su memoria es un «vaciadero de basuras» y plantea la necesidad del olvido para el pensamiento.
Es más: olvidar es tan o más importante como recordar.
Nada más empezar su declaración, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, como de costumbre, preguntó a Cosidó que relación había tenido con los diez acusados.
¡Es que como director general de la Policía era el jefe de ocho de los diez acusados!
Por tanto, ya al comenzar su testifical la situación era propia del teatro del absurdo.
¿Por qué es testigo quien era el superior de los comisarios e inspectores?
Cosidó declaró, pues, que había tenido con ellos “una relación profesional”.
“Profesional”.
Con los que estaban por encima suyo compartía una militancia partidista.
Fue nombrado director general de la Policía a propuesta del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Eso tuvo lugar el 2 de enero de 2012.
Y fue Cosidó quien, unos días después, propuso el nombramiento de Eugenio Pino como su número dos o director Adjunto Operativo (DAO). Una sigla que provoca respeto en el el Cuerpo Nacional de Policía. Respeto o miedo. Eso fue el 13 de enero de 2012.
Tanto con Pino, como con otro de los acusados, con el inspector José Manuel Fuentes Gago, se conocían del Sindicato Profesional de la Policía (SPP).
Cosidó no prestó declaración alguna durante la instrucción del juez Manuel García-Castellón.
Cuando los fiscales Serrano y De Rivas pidieron su declaración, en junio/julio de 2021 como imputado el juez ya había resuelto cerrar la investigación.
Y señaló que “era innecesario” citarle. Despachó el asunto con la recomendación de que se le llamase a declarar en el juicio como testigo. Eso fue el 29 de julio de 2021.
Y aquí estamos. Pasadas las 10:15 horas de este miércoles 15 de abril en la sala de juicios de la Audiencia Nacional.
Cosidó explica al fiscal, a las acusaciones y a las defensas de los acusados que nunca supo nada de la Operación Kitchen dirigida a robar material comprometedor para el PP y Rajoy en poder de Bárcenas, y también para escamotear pruebas a la investigación que llevaba adelante, en 2013, el juez Pablo Ruz sobre el caso Gürtel y Papeles de Bárcenas (la contabilidad B del PP).
Gürtel, cómo no, lo conocía, pero de Kitchen nada sabía.
He aquí que tres organismos de la CNP habían intervenido durante meses en 2013 con Bárcenas en prisión: la DAO con el comisario Pino a la cabeza; la UCAO (Unidad Central de Acción Operativa, con el liderazgo del comisario Enrique García-Castaño y la Unidad de Asuntos Internos (UAI) bajo la jefatura de Marcelino Martín-Blas.
61 policías en acción según las fases de la operación, captación de un chófer –Sergio Ríos– para espiar a la familia Bárcenas con cargo a fondos reservados, una movilización de efectivos que llegó a controlar hasta al propio Luis Bárcenas en la prisión de Soto Real.
Y, dentro de la banda, claro, el comisario José Manuel Villarejo, reportando a Cospedal.
A varios de los acusados -los inspectores Andrés Gómez Gordo, José Manuel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano– Cosidó les concedió en 2013, 2014 y 2015 medallas al mérito policial, según le preguntaron los letrados Gloria Pascual y Gorka Welle, en representación de las acusaciones populares del Partido Socialista Obrero Español y Podemos, respectivamente.
Y como señaló la defensa de Sergio Díaz, chófer, fue él, Cosidó, quien firmó el título de policía para el chofer espía, Sergio Ríos, después de pasar el “básico”, Villarejo dixit, de la Academia de Policía, idea que logró vender Villarejo al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en un despacho que ambos tuvieron en Boadilla del Monte el 22 de agosto de 2014.
Respecto de aquel Cosidó de Santiago de Chile, ahora, frisando casi los 61 años, hay que reconocer que tiene tablas.
Ha explicado, machaconamente, que todo su esfuerzo como director general de la Policía ha sido respetar el secreto que asiste a dicho cuerpo cuando actúa como policía judicial.
Es el mismo Cosidó que, como portavoz en el Senado, comunicó en noviembre de 2018 a un chat de su grupo de senadores por qué era menester apoyar el nombramiento del magistrado Manuel Marchena como presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial.
El ‘whatsapp’ explicaba que ese nombramiento supondría entre otras cosas controlar “la sala segunda desde detrás” (la Sala Penal del Tribunal Supremo).
En el mensaje, el portavoz explica a los senadores que “el pacto previo” con el PSOE daba al PP 10 vocales, mientras que el PSOE obtenía 11: 10 más la presidencia.
“Con la negociación, el PP tiene 9 vocales más el presidente (10) y el PSOE tiene 11”, decía.
“Con otras palabras”,continuaba el portavoz del PP, “obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, (…) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás [la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno] y presidiendo la sala 61 [la Sala especial que tiene entre sus atribuciones la de ilegalizar partidos políticos, como sucedió en el caso de Herri Batasuna]”.
La referencia a la Sala Segunda, o Sala Penal, era fundamental.
Porque Marchena dejaba de ser presidente de la Sala Penal, pero, según el argumentario, la seguiría controlando “desde atrás” ya como presidente del Supremo y el CGPJ.
Marchena, lógicamente, había participado en la gestación de este pacto fraguado ente el negociador del PP, el exministro de Justicia, Rafael Catalá, y Dolores Delgado, ministra de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez, llegaba por fin a su objetivo, frustrado en 2013 por Carlos Lesmes, de ser presidente del Supremo y CGPJ.
El borrador del ‘whatsapp’ se lo pasó Rafael Catalá a Teodoro García Egea, secretario general del PP, para que Cosidó hiciera “pedagogía” con los senadores, algunos próximos a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que parecían remisos a que Marchena abandonase en aquellos momentos la Sala Penal del Supremo, habida cuenta de que en su calidad de presidente de dicha Sala sería el presidente del tribunal del procés, previsto para los primeros meses de 2019.
Pero centrémonos en el juicio este miércoles 15 de abril.
Después del turno del fiscal César de Rivas y las acusaciones, tocó interrogar a las defensas de los acusados.
El letrado de Francisco Martínez cazó al actor Cosidó con el carrito del helado.
El abogado Pedro Colina, cuya simpatía espontánea puede ser irresistible, lo consiguió con naturalidad.
-Ya ha contestado que no conoce nada sobre lo que aquí hemos denominado la operación Kitchen. ¿Ni siquiera usted sabía, con independencia de la unidad policial que lo gestionara había un confidente, concretamente un chófer [Sergio Ríos] de [Luis] Bárcenas, que era confidente de la Policía? ¿Usted llegó a saber eso?
-Eh, yo, eh, ej, no podría denominar un solo confidente que tenía la Policía. Creo que si hay una materia sensible, especialmente reservada es la de los confidentes. Por tanto, no tenía conocimiento que hubiera una identidad de una persona que estuviera actuando en el marco de esa operación.
El letrado siguió:
Colina: “Ya se le ha preguntado, pero cuando empiezan a aparecer informaciones en 2015 sobre la existencia de este confidente, sobre posibles documentos sustraídos al señor Bárcenas, usted no dispuso una investigación interna, no trató de averiguar si era verdad eso, internamente, qué había pasado, si no lo era… Lo hizo o no lo hizo?
-Cosidó: Bueno, eh, sinceramente las informaciones sobre este caso se producen esencialmente una vez que yo había dejado de ser director general de la Policía, ¿no?
-Colina: Empiezan en 2015. Usted dijo que había estado hasta 2016.
-Cosidó: Sí. Yo estuve hasta 2016. Pero digo como normalmente no había investigaciones que no fueran exclusivamente periodísticas, pretendía tener algo que fuera más consistente, un poco más sólido antes de poner en marcha algún tipo de investigación reservado, que hubiera sido lo apropiado en ese caso.
-Colina (Risas) No. No organizó usted la investigación. Esa es la respuesta.
Pedro Colina también puso el dedo en la llaga al preguntar sobre las reuniones que mantenía Cosidó con el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Colina: ¿Despachaba usted hhabitualmente con el director adjunto Operativo?
Cosidó: Teníamos una reunión semanal con los subdirectores y el director adjunto Operativo y salvo viajes o circunstancias especiales se cumplimentaba. Y luego el director adjunto Operativo si tenía cualquier cuestión muchas veces ¿no? sin necesidad siquiera de solicitar la cita formalmente pues venía a mi despacho.
Colina: Y en esos despachos ¿no hablaban de investigaciones policiales en curso, ya ha mencionado las que habían finalizado o las que trascendían a la opinión pública? ¿Sobre operaciones en curso directamente? ¿No hablaban ustedes sobre alguna?
Cosidó: Pues, eh, dos cosas. Primero he dicho los funcionarios policiales cuando actúan como policía judicial tienen deber de guardar secreto y en segundo lugar, en particular, eh, mi posición era tratar de interferir lo menos posible en las investigaciones policiales, dejar que fuera.
Colina: Eso era en la teoría, pero en la práctica ¿hablaban ustedes sobre operaciones en curso?
Cosidó: Es algo que yo intentaba practicaba o intentaba practicar siempre.
Cosidó supo este miércoles 15 de aril de 2026 que a pesar del juez instructor que le salvó en julio de 2021, nadie, ni acusaciones ni defensas, creen una sola palabra de su respetable farsa.
Información publicada en El Periódico
